La exdiputada nacional Roxana Reyes y el abogado Javier Stoessel presentaron una denuncia penal ante la Justicia de Río Gallegos para que se investiguen posibles irregularidades en la contratación entre la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. y South Horizen S.A.S.
La presentación solicita analizar si los hechos podrían encuadrarse en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, contemplado en el Código Penal. El contrato fue firmado por Gustavo Adrián Sívori, presidente del directorio de la empresa estatal, y Eugenio Fernando Grela, administrador titular de la firma privada.
Además, la denuncia plantea la posibilidad de que la investigación alcance a otros integrantes de los órganos de administración y fiscalización de la empresa, así como a terceros que pudieran estar involucrados.
Los antecedentes que motivaron la presentación
Reyes viene cuestionando desde agosto el funcionamiento de Santa Cruz Puede. Entre sus principales planteos, mencionó observaciones atribuidas al Tribunal de Cuentas por gastos cercanos a los $400 millones realizados en diciembre, que —según indicó— no contarían con documentación respaldatoria suficiente. También señaló la presunta falta de un registro de proveedores.
Otro de los puntos cuestionados fue la actividad comercial de la empresa estatal, a la que la exdiputada acusó de competir con negocios privados en más de 60 rubros mientras desarrolla sus operaciones en la provincia.
En septiembre, Reyes también puso el foco en el funcionamiento del bodegón Alma, ubicado en un predio de Santa Cruz Puede, y en la situación de Eugenio Grela, quien habría brindado distintas versiones sobre su vínculo con el establecimiento.
South Horizen S.A.S. fue constituida el 16 de marzo de 2026 como una sociedad unipersonal. Su objeto social incluye actividades vinculadas con la comercialización de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, además de servicios de logística, almacenamiento y transporte de cargas.
La postura de Santa Cruz Puede
Las críticas hacia la empresa estatal también fueron planteadas por distintas entidades empresariales de Santa Cruz. En agosto, la Federación Económica provincial, la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos cuestionaron el alcance de sus actividades y su inscripción como proveedora del Estado en distintos rubros comerciales.
Por su parte, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, rechazó los cuestionamientos por presunta competencia desleal y defendió el funcionamiento de la firma. Sostuvo que la empresa no recibe partidas presupuestarias de la Administración Central y que opera con autonomía financiera.
Asimismo, anunció en octubre la apertura de un registro oficial de proveedores destinado a pymes y comercios locales.
La denuncia presentada por Reyes busca que la Justicia determine si existieron irregularidades y si corresponde establecer responsabilidades penales. Por el momento, los hechos denunciados constituyen señalamientos que deberán ser investigados por las autoridades competentes.
Fuente: La Vanguardia Noticias.
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