El decreto fue firmado el 1 de septiembre y publicado de manera sintetizada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre. La medida habilita la transferencia de la Fracción G, Matrícula 186, ubicada en inmediaciones del Lago Argentino, desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate SAU, para el denominado “Master Plan Ecocentro”.
Según el informe elaborado por la Fundación, la empresa adquirente fue constituida en julio de 2026 y su único accionista es una sociedad registrada en Dubái. El planteo no cuestiona la posibilidad de desarrollar inversiones turísticas, sino la forma en que se autorizó esta operación frente a las restricciones vigentes para la adquisición de tierras en áreas protegidas por parte de capitales extranjeros.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Decreto N° 0994/17, que establece restricciones para este tipo de operaciones. La Fundación sostiene que el Ejecutivo provincial habría generado una excepción particular sin modificar previamente la norma general y advierte sobre posibles consecuencias en materia de igualdad ante la ley.
También se cuestionó la falta de información pública. De acuerdo con el informe, el Boletín Oficial difundió únicamente una síntesis del Decreto 0915/2026, mientras que los fundamentos técnicos, ambientales y económicos mencionados en sus considerandos no fueron publicados íntegramente. La entidad también reclama conocer el expediente administrativo iniciado en 2023.
Otro de los puntos señalados está relacionado con la legislación nacional. La Fundación pidió conocer si la operación cumple con la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 y con las normas vinculadas a las zonas de seguridad de frontera, particularmente por tratarse de un inmueble ubicado junto al Lago Argentino.
En materia ambiental, el informe señala que el decreto menciona la existencia de una Declaración de Impacto Ambiental, aunque cuestiona que no se encuentren públicamente disponibles datos sobre su fecha, autoridad emisora, contenido y eventuales instancias de participación ciudadana.
Ante este escenario, la Fundación Sur Santa Cruz solicitó la publicación completa del decreto y del expediente, la verificación del cumplimiento de las normas nacionales, la suspensión de los efectos de la autorización y la convocatoria a una instancia de participación ciudadana en El Calafate. También pidió la intervención de la Legislatura Provincial.
La polémica se produjo luego de que el gobernador Claudio Vidal anunciara una inversión turística extranjera superior a los 90 millones de dólares y la generación estimada de unos 300 puestos de trabajo. Posteriormente se conoció que la autorización estaba vinculada al proyecto “Master Plan Ecocentro”, previsto en la Península de Magallanes.
Además, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial remita la documentación relacionada con el Decreto 915/26, incluidos informes técnicos, dictámenes jurídicos, estudios y antecedentes de la operación.
Fuente: OPI Santa Cruz.
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