URGENTE

Futaleufú: la prórroga como política

Nación volvió a estirar la concesión de la represa hasta abril de 2027. Chubut, que reclama el recurso ante la Corte y tiene un tercio de las acciones, ni siquiera figura en el decreto. El problema ya no es el plazo: es que nadie quiere poner sobre la mesa las condiciones.

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Futaleufú: la prórroga como política

Hay decisiones que se toman y decisiones que se postergan. En el caso de Futaleufú, la postergación se convirtió en método. El contrato de treinta años que el Estado nacional firmó con Hidroeléctrica Futaleufú en 1995 venció en junio del año pasado. Desde entonces, la central siguió generando bajo un régimen de prórrogas sucesivas: resoluciones de la Secretaría de Energía primero, y ahora un decreto presidencial, el 1349/2026, que fija el 30 de abril de 2027 como nuevo horizonte. Es la quinta vez que el reloj se corre.

Nadie discute que la represa tiene que seguir funcionando. Una central que abastece a la planta de aluminio de Puerto Madryn y aporta energía al sistema interconectado no puede apagarse mientras se redacta un pliego. El argumento de la continuidad operativa es razonable. Lo que resulta menos razonable es que, diecisiete meses después del vencimiento, el pliego todavía no exista y que la discusión de fondo —quién opera Futaleufú, en qué condiciones y en beneficio de quién— siga sin fecha.

Una provincia que no aparece

El dato más llamativo del decreto no es el plazo sino la omisión. La norma alcanza a once centrales hidroeléctricas en cinco provincias, y Futaleufú es la de mayor potencia del listado. Sin embargo, Chubut no figura como parte de ningún mecanismo de decisión. Toda la conducción del proceso —pautas, pliegos, contratos y adjudicación— queda delegada en la Secretaría de Energía.

La omisión pesa por tres razones. La primera es jurídica: la Corte Suprema admitió hace un año la demanda de la Provincia contra el Estado nacional por el dominio del recurso, y ese expediente sigue abierto. La segunda es societaria: Chubut tiene el 33,51 por ciento de Hidroeléctrica Futaleufú, frente al 60,2 por ciento de Aluar. La tercera es política: la propia Nación demostró que otro camino es posible, porque en Mendoza la licitación de Los Nihuiles se convocó en forma conjunta con la provincia.

A eso se suma una cláusula que merece atención. Para seguir operando, las concesionarias deben firmar una carta de adhesión con aceptación plena e incondicional, que incluye renunciar a reclamos contra el Estado vinculados a esta etapa y comprometerse a desactivar acciones relacionadas, incluso las que pudieran iniciar sus accionistas. Cuando uno de esos accionistas es una provincia que litiga contra la Nación por el mismo activo, la pregunta sobre cómo se compatibilizan ambas posiciones no es un tecnicismo.

La ambigüedad de Rawson

Sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre la Casa Rosada. El gobierno de Ignacio Torres tiene una posición de principio clara —los recursos naturales son de las provincias, y la Constitución de 1994 así lo establece— y la sostuvo en los tribunales y en el discurso. Creó una empresa provincial de energía con la mirada puesta en esta concesión y conformó una mesa de trabajo con Nación.

Pero una posición de principio no es una propuesta. A semanas del vencimiento de la prórroga anterior, el Ejecutivo provincial todavía no había hecho públicas sus iniciativas concretas sobre el futuro de la central. Se sabe que existen; no se sabe cuáles son. Y a la vez que reclama soberanía sobre el recurso, el gobernador se encargó de aclarar que Aluar seguirá siendo un actor central, sea cual sea el resultado. Ambas cosas pueden ser compatibles, pero mientras no se explique cómo, la oposición tiene margen para decir —como lo hizo esta semana el diputado José Glinski— que ni Nación ni Provincia quieren discutir Futaleufú.

El tablero empresario

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Mientras la política demora, el mercado se mueve. Aluar confirmó que competirá en la licitación, y ya no sólo para asegurar el suministro de su planta: la compañía tiene una capacidad instalada que supera largamente su demanda y busca posicionarse como comercializadora de energía para terceros. Del otro lado aparece el Grupo Neuss, que a través de Edison Energía se quedó con represas del Comahue y es señalado en el sector como el principal interesado en Futaleufú.

Que haya competencia no es malo. Una licitación abierta puede mejorar el canon, las inversiones comprometidas y el precio de la energía. Pero la competencia sólo rinde frutos si las reglas se conocen de antemano y si quien es dueño del agua participa en escribirlas. De lo contrario, el riesgo es doble: un proceso que se judicializa apenas se adjudica, o un pliego diseñado sin contemplar a la región que aloja la obra.

Lo que debería estar en discusión

Futaleufú se construyó entre 1971 y 1978 para dar energía barata a un polo industrial, y cumplió ese objetivo. Medio siglo después, la cordillera chubutense sigue viendo pasar la energía sin quedarse con mucho de ella. En Trevelin, a pocos kilómetros de las turbinas, hay familias que pagan facturas de luz de 200 mil pesos o más. El intendente Héctor Ingram lo resumió con una frase que debería orientar cualquier pliego: es tiempo de que la represa deje algo para la región.

Eso se traduce en definiciones concretas que hoy nadie hizo públicas. Cuánto canon pagará el próximo operador por el uso del agua y cómo se actualizarán las regalías. Qué porcentaje de la energía quedará disponible para la provincia y para los municipios de Esquel, Trevelin y Cholila, y a qué precio. Qué obras de transmisión y distribución se exigirán como contrapartida. Qué papel jugará la participación accionaria de Chubut en el nuevo esquema. Y bajo qué jurisdicción se firmará el contrato, para que el próximo concesionario no herede un pleito en lugar de una certeza.

Seis meses, no otros treinta años

El nuevo plazo deja poco más de cinco meses. Es tiempo suficiente para que Nación publique un pliego y para que Chubut presente, con números, qué quiere obtener del recurso que reclama. No alcanza, en cambio, para otra ronda de declaraciones de principio.

La próxima concesión probablemente vuelva a extenderse por décadas. Lo que se defina en estos meses va a condicionar a dos o tres generaciones de chubutenses. Si la discusión vuelve a resolverse por decreto y a puertas cerradas, la responsabilidad no será sólo de quien firmó. También de quien, teniendo el reclamo, las acciones y la razón constitucional de su lado, eligió no poner las cartas sobre la mesa.

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