La situación de seguridad en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) vuelve a generar preocupación. En menos de un mes se registraron tres incidentes de gravedad que, según advierte un análisis publicado por OPI Santa Cruz, podrían haber terminado en tragedia. El escenario reavivó el recuerdo del derrumbe ocurrido en Mina 5 en 2004, que dejó 14 trabajadores fallecidos.
El planteo pone el foco en las condiciones actuales de funcionamiento de la empresa, la falta de inversiones en seguridad y mantenimiento y las posibles consecuencias judiciales que podrían afrontar sus principales autoridades si se produjera un hecho fatal.
De acuerdo con el análisis firmado por Rubén Lasagno, YCRT atraviesa una situación de deterioro operativo, con dificultades para mantener los equipos y garantizar las condiciones necesarias para desarrollar las tareas mineras. También señala que los fondos enviados por el Gobierno nacional estarían destinados principalmente al pago de salarios, sin contemplar inversiones suficientes para renovar maquinaria, infraestructura y elementos de seguridad.
En ese contexto, el artículo cuestiona la continuidad de las operaciones bajo las condiciones actuales y advierte sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores.
El rol del interventor y sus responsabilidades
Pablo Sebastián Gordillo fue designado interventor de YCRT mediante el Decreto Nacional 869/2024, publicado el 1 de octubre de 2024. Su nombramiento fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El funcionario tiene rango y jerarquía de secretario y depende de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Entre sus responsabilidades se encuentran la conducción integral de la explotación minera, los servicios ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, y la generación de energía vinculada al complejo.
Además, tiene a su cargo la administración de los recursos humanos, la ejecución de partidas presupuestarias y la implementación de medidas de seguridad, mantenimiento y prevención de riesgos dentro del yacimiento.
El análisis sostiene que, por las funciones que desempeña, Gordillo tiene responsabilidades directas sobre las condiciones de funcionamiento de la empresa y la protección física de los trabajadores.
En caso de producirse un accidente fatal o lesiones como consecuencia de negligencia, impericia o incumplimiento de las normas de seguridad, podrían investigarse las responsabilidades penales de los funcionarios encargados de garantizar esas condiciones. Para ello, se mencionan los artículos 84 y 94 del Código Penal argentino, vinculados con el homicidio y las lesiones culposas.
También podrían existir responsabilidades civiles y administrativas si se comprobara un perjuicio al patrimonio estatal o daños derivados de incumplimientos en materia laboral.
¿Qué responsabilidad podrían tener Milei y Caputo?
Otro de los puntos centrales del análisis es el posible grado de responsabilidad del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, quienes firmaron la designación del actual interventor.
La publicación aclara que el nombramiento de un funcionario no implica automáticamente que las autoridades que lo designaron sean penalmente responsables por cualquier accidente que ocurra en la empresa.
Sin embargo, plantea que esa corresponsabilidad podría analizarse si existieran pruebas de una intervención directa de las máximas autoridades nacionales en decisiones que hubieran contribuido al desenlace.
Entre los escenarios mencionados se encuentran la existencia de advertencias formales sobre riesgos de derrumbes o explosiones que hubieran sido ignoradas, o la reducción deliberada de partidas presupuestarias indispensables para garantizar la seguridad, pese a conocer las consecuencias que esas decisiones podrían ocasionar.
En esos casos, la Justicia debería determinar si existió una relación directa entre las decisiones de los funcionarios y un eventual hecho fatal.
La advertencia ante una posible tragedia
Como conclusión, el artículo plantea que, si ocurriera una catástrofe en YCRT, Pablo Gordillo podría ser investigado por su responsabilidad directa en la administración y conducción de la empresa. Por su parte, Milei y Caputo también podrían quedar bajo análisis judicial si se demostrara que sus decisiones u omisiones tuvieron una relación causal con el accidente.
La publicación insiste en la necesidad de actuar antes de que ocurra una desgracia y reclama medidas para mejorar las condiciones de seguridad, mantenimiento e inversión en el yacimiento.
El planteo busca poner en discusión las responsabilidades de las autoridades mientras todavía existe la posibilidad de prevenir un nuevo episodio fatal en la cuenca carbonífera.
Fuente: OPI Santa Cruz – Nota de Rubén Lasagno.
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