La Justicia Federal ordenó un total de 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones judiciales por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos que involucran al empresario Lázaro Báez y a personas de su entorno familiar y societario.
Los operativos fueron dispuestos por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y se desarrollaron en propiedades particulares, estancias, inmobiliarias, locales comerciales y escribanías. Además, las medidas alcanzaron la celda donde permanece detenido Báez, quien quedó incomunicado por disposición judicial.
En los procedimientos participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación y distintos vehículos que estarían relacionados con las personas investigadas.
Dos investigaciones relacionadas
Los allanamientos fueron solicitados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Uno de los expedientes busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista. De acuerdo con la investigación, estas maniobras se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025.
La distribución de los estupefacientes estaría a cargo de dos hombres. Uno de ellos tendría vinculación con un lavadero que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado como punto de entrega de la droga.
A partir de esta primera investigación surgió una segunda línea que puso el foco sobre el patrimonio de Lázaro Báez. Los investigadores intentan establecer si existió una estructura dedicada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito que presuntamente habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.
Las propiedades y el patrimonio bajo investigación
Entre los elementos que forman parte de las actuaciones se encuentra la actividad ganadera en Santa Cruz, que continuaría vinculada al empresario a través de las estancias Alquinta y La Entrerriana.
La investigación busca determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas y establecer si existió una conexión entre las presuntas maniobras de narcotráfico y el manejo de los bienes patrimoniales.
Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC, que deberán analizar la documentación y los elementos secuestrados durante los procedimientos.
Fuente: OPI Santa Cruz.
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