Pocas obras públicas argentinas condensan tan bien nuestras virtudes y nuestros vicios como las represas sobre el río Santa Cruz. Fueron concebidas como la gran apuesta hidroeléctrica de la Patagonia austral, adjudicadas en 2013 a un consorcio encabezado por la china Gezhouba y financiadas por bancos de ese país. Trece años después, lo único que avanzó con regularidad fue el cartel de la entrada. Y ni siquiera eso: también cambió de nombre tres veces.
El detalle parece anecdótico, pero no lo es. Cuando el kirchnerismo rebautizó los aprovechamientos como Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, convirtió una obra de infraestructura en un monumento político. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri restituyó los nombres geográficos originales con el argumento de despolitizarla. En 2020, Alberto Fernández volvió a los nombres de los líderes. Y en abril de este año, el Decreto 238/2026 de Javier Milei regresó otra vez a Cóndor Cliff y La Barrancosa. Cada gobierno necesitó marcar territorio sobre la misma piedra, como si la disputa por el nombre pudiera reemplazar la discusión sobre el hormigón.
Detrás del cartel, la historia es menos simbólica y bastante más cara. La obra tuvo su primer freno judicial en 2016, cuando la Corte Suprema exigió un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública que nunca debieron haberse salteado. El proyecto se rediseñó, se redujo la cantidad de turbinas para atender las preocupaciones sobre el Lago Argentino y los glaciares, y se renegoció con Beijing. Después vinieron los problemas geológicos en el emplazamiento de Cóndor Cliff, que obligaron a revisar la represa de mayor potencia y dejaron a La Barrancosa, con un avance cercano al cuarenta por ciento, como la única candidata realista a terminarse en un horizonte razonable.
A fines de 2023, con el cambio de gobierno y la pausa del financiamiento chino, la obra volvió a quedar paralizada. Miles de trabajadores de Comandante Luis Piedra Buena, El Calafate y Río Gallegos pasaron de la expectativa al despido, y los campamentos quedaron custodiados por el viento. Para una provincia cuya economía privada es estrecha y cuyo Estado ya carga con demasiadas demandas, no se trataba de una obra más: era el principal empleador en construcción y la promesa de un salto productivo.
Lo paradójico es que la reactivación llega de la mano de un gobierno que hizo de la motosierra sobre la obra pública su bandera. El Presupuesto 2026 asignó unos 200.000 millones de pesos al programa de las represas, la partida de infraestructura más importante de la Patagonia. A fines de diciembre pasado se transfirieron 150 millones de dólares provenientes de los bancos chinos, y en agosto el gobierno provincial informó el ingreso de 45.000 millones de pesos a Gezhouba como primera porción de ese monto. La semana pasada, el gobernador Claudio Vidal anunció que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le había confirmado una segunda partida. El pragmatismo, parece, pesa más que el dogma cuando del otro lado hay un acreedor que es también el principal comprador de nuestras exportaciones agrícolas.
Pero conviene no confundir desembolso con obra. Buena parte de esos fondos responde a acuerdos de cancelación de deudas con la UTE constructora, no a certificados de avance físico. La distinción no es técnica sino política: cada vez que se anuncia un giro de dinero como si fuera el reinicio de los trabajos, se genera una expectativa que después la realidad se encarga de frustrar. En los últimos años, desde la Casa de Gobierno santacruceña se habló varias veces del regreso de las máquinas; desde Buenos Aires, el anterior jefe de Gabinete llegó a fijar un reinicio para la primavera de 2025. Ninguna de esas fechas se cumplió.
El traspaso de la obra desde ENARSA a la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Economía puede leerse de dos maneras. En clave optimista, es un intento de ordenar la gestión y evitar que la privatización de la empresa estatal deje al contrato sin comitente. En clave escéptica, es una forma de achicar el perfil político del proyecto, llevarlo a una oficina técnica y administrarlo a media máquina, cumpliendo con China lo justo para no romper la relación. Probablemente sea un poco de ambas cosas.
Lo que está en juego excede a Santa Cruz. Una represa a medio construir es el peor de los mundos: tiene el costo ambiental de haber intervenido el río, el costo financiero de una deuda que corre en dólares y ninguno de los beneficios de la energía que debería generar. Terminar al menos La Barrancosa y conectarla al sistema no es una concesión al kirchnerismo ni un capricho de Beijing, sino la única salida racional para una inversión que ya está hecha y que se sigue pagando. Abandonarla definitivamente implicaría asumir pérdidas enormes sin nada que mostrar a cambio.
Para la Patagonia, la lección debería resonar más allá del río Santa Cruz. Chubut conoce de sobra lo que significa que las grandes decisiones sobre sus recursos se tomen lejos y cambien de rumbo con cada elección nacional. La diferencia entre una región que se desarrolla y una que acumula obras inconclusas no está en los nombres que se estampan en los carteles, sino en la capacidad de sostener políticas de Estado durante más de un mandato.
Las represas del río Santa Cruz no necesitan un nuevo nombre ni otro acto con casco y chaleco. Necesitan un cronograma público, verificable, con certificados de avance, cantidad de trabajadores y fechas de habilitación que cualquiera pueda controlar. Mientras eso no ocurra, cada anuncio será apenas un capítulo más de este ida y vuelta que ya lleva más de una década y que los santacruceños, con razón, empiezan a mirar con cansancio.
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