Hay una ironía que recorre la política santacruceña y que pocos dirigentes se animan a decir en voz alta: Claudio Vidal llegó a la gobernación gracias a la Ley de Lemas y fue él quien la derogó. En agosto de 2023, el lema Por Santa Cruz le ganó a Unión por la Patria por algo menos de cinco mil votos. Vidal sacó 54.831 votos propios; José María Carambia, desde su sublema, aportó 6.542. Sin esa suma, el gremialista petrolero no habría alcanzado al peronismo. El fin de la hegemonía kirchnerista fue, antes que nada, una operación aritmética.
Esa aritmética ya no existe. La Legislatura derogó los lemas en junio de 2024, con el aplauso del gobernador y del radicalismo, que llevaba años denunciándolos como una trampa contra la voluntad popular. Tenían razón en el diagnóstico. Lo que no resolvieron es qué venía después. La ley electoral transitoria venció el 31 de diciembre de 2025, hay ocho proyectos dando vueltas en la Legislatura, la comisión de Asuntos Constitucionales no consigue quórum y el Ejecutivo, que prometió su propio texto, no tiene apuro en mandarlo. A un año de la elección, Santa Cruz no sabe con qué reglas va a votar a su próximo gobernador.
Ese vacío no es un detalle técnico. Es, probablemente, la variable que más va a pesar en 2027.
Vidal: el gobernador que se quedó sin red
Las legislativas de octubre de 2025 fueron un baño de realidad para el oficialismo provincial. Por Santa Cruz terminó tercero, con apenas 25 mil votos y sin ninguna banca. El kirchnerismo, rebautizado Fuerza Santacruceña y encabezado por el cura Juan Carlos Molina, ganó con 53 mil votos; La Libertad Avanza quedó a 757 votos de distancia. La respuesta de Vidal fue pedir la renuncia de todo seu gabinete. Un gesto de autoridad, pero también la confesión de que algo se había roto.
Desde entonces, el gobernador perdió algo más que votos. Perdió socios. Carambia y Natalia Gadano, piezas clave del armado de 2023 y de la negociación con la Casa Rosada, se fueron. Vidal anunció que buscará la reelección, pero lo hace con un frente más chico, una gestión desgastada por conflictos con estatales y judiciales, y una Nación que lo trata como interlocutor pero ya arma candidato propio contra él.
El problema de fondo es de identidad. Vidal ganó como el antikirchnerista que conocía el sistema por dentro. Hoy el antikirchnerismo tiene una marca nacional más potente, la de Milei, y el kirchnerismo demostró que conserva un piso sólido. El vidalismo quedó en el medio, sin la herramienta legal que le permitía sumar a otros bajo su paraguas.
Grasso: el beneficiario silencioso
Si alguien gana con la fragmentación del no peronismo es Pablo Grasso. El intendente de Río Gallegos ya era el candidato peronista más votado en 2023, aunque por poco: le sacó 1.413 votos a Javier Belloni en la interna del lema. Hoy preside el PJ provincial, recorre la provincia y conversa con el propio Belloni para evitar fugas. En el peronismo ya no miran a Vidal como el rival a vencer.
Pero Grasso tiene su propio interrogante. La victoria de 2025 fue de Molina, un dirigente que responde directamente a Cristina Kirchner, no de la estructura municipal de la capital. El intendente necesita demostrar que puede retener ese voto duro y, al mismo tiempo, no asustar al electorado que en 2023 eligió cerrar el ciclo de los Kirchner. Un peronismo unido con alrededor del 35 o 40 por ciento puede ser suficiente si enfrente hay cuatro candidaturas que se reparten el resto. No alcanza si la oposición logra concentrarse.
La Libertad Avanza: el voto prestado busca dueño
Jairo Guzmán es hoy el único diputado nacional libertario por Santa Cruz y el aspirante con más viento de cola nacional. Tiene línea directa con Karina Milei, una estructura en formación y un dato que lo envalentona: en 2025, LLA casi le gana al kirchnerismo en su cuna. Guzmán descartó acuerdos con Vidal y con Grasso, y endureció su discurso contra ambos.
La pregunta es cuánto de ese 31 por ciento es de Guzmán y cuánto es de Milei. En una legislativa nacional, el voto libertario expresa una adhesión al proyecto presidencial; en una provincial, el elector evalúa quién puede gestionar hospitales, salarios estatales y una economía atada al petróleo convencional en declive. Ahí la marca pesa menos y el candidato pesa más. Además, la estrategia nacional de condicionar alianzas a la agenda de reformas deja poco margen para acuerdos locales: LLA parece dispuesta a perder la gobernación antes que compartir boleta con un gobernador al que considera de otro equipo.
Carambia y la tercera vía
Carambia rompió con Vidal en abril con una frase que resume su apuesta: Santa Cruz necesita idoneidad y no caudillismos. Desde Moveré intenta construir una alternativa antikirchnerista que no sea ni vidalista ni libertaria, apoyada en intendentes del norte provincial y en su propio peso en la zona petrolera. Su ruptura llegó cargada de una acusación hacia el entorno de Milei por la votación de Ficha Limpia, lo que lo aleja de cualquier entendimiento con Guzmán.
Carambia sabe sumar: sus votos de 2023 fueron decisivos. La duda es si sabe ganar solo. Con 6.500 votos de piso, su candidatura tiene más capacidad de restarle a otros que de imponerse. Y en un sistema sin lemas, restar es exactamente lo que el peronismo necesita que ocurra.
La UCR: reglas antes que nombres
El radicalismo santacruceño, con Roxana Reyes como figura visible, fue el gran impulsor de la derogación de los lemas y hoy reclama lo mismo que todos: saber cuándo y cómo se vota. Reyes rechazó ser compañera de fórmula de Guzmán y trabaja en un proyecto propio con equipos técnicos. Es una postura coherente con la historia del partido, pero que choca con su peso electoral: en 2023 Cambia Santa Cruz quedó tercera con poco más del 8 por ciento, y varios intendentes radicales ya se acercaron a Vidal.
La UCR tiene, sin embargo, una carta que nadie más tiene: su credibilidad en el debate institucional. Fue el partido que propuso prohibir las colectoras para evitar una ley de lemas encubierta. Si la nueva ley electoral incluye primarias abiertas, como plantea también el diputado José Luis Garrido, el radicalismo podría ser el articulador de una gran interna no peronista. Si no las incluye, quedará reducido a negociar lugares.
Lo que está en juego
El mapa es nítido. De un lado, un peronismo que se ordena detrás de un candidato y conserva un piso electoral probado. Del otro, cinco proyectos -Vidal, Guzmán, Carambia, Reyes y Garrido- que juntos superan con holgura al kirchnerismo pero que hoy no tienen ni voluntad ni mecanismo para sumarse.
Por eso la ley electoral es la verdadera campaña. Una elección a simple mayoría sin primarias favorece a quien llegue más unido, y hoy ese es Grasso. Un sistema con PASO provinciales o con segunda vuelta obligaría a la oposición a dirimir sus diferencias antes o a coaligarse después. Cada demora en la Legislatura reduce el tiempo para construir cualquiera de esas alternativas.
Vidal tiene en sus manos la herramienta que podría ordenar el tablero, y no la usa. Quizás calcula que la indefinición lo favorece, que ningún rival puede armar sin reglas claras. Pero esa especulación tiene un límite: el oficialismo que no logró meter un diputado en 2025 difícilmente se beneficie de un escenario donde cada uno juega por su cuenta.
Santa Cruz votó en 2023 por un cambio. Lo que se discute en 2027 es si ese cambio fue el comienzo de algo o apenas un paréntesis. La respuesta, por ahora, no la tienen los candidatos. La tiene una ley que nadie terminó de escribir.
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