El Gobierno nacional busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso, con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como uno de los principales objetivos. La discusión adquirió una importancia estratégica para la administración de Javier Milei, ya que su resultado podría condicionar el rumbo político de la gestión durante el próximo año.
La iniciativa no solo representa un cambio en el mecanismo de selección de candidatos, sino que también funciona como una prueba para medir la capacidad del oficialismo de construir consensos con los mandatarios provinciales y sostener la unidad de su propio espacio.
Desde el Gobierno consideran que avanzar con esta reforma permitiría recuperar la iniciativa política después de varios meses marcados por dificultades económicas, proyectos legislativos demorados y problemas para consolidar acuerdos parlamentarios.
En ese contexto, Martín Menem anticipó que el oficialismo buscaría avanzar con el proyecto en el Senado durante las próximas semanas. A su vez, Agustín Coto, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocó a una reunión para comenzar el tratamiento y avanzar con un dictamen.
Sin embargo, la estrategia legislativa contempla modificaciones respecto de la propuesta inicial. En lugar de plantear directamente la eliminación de las PASO, el nuevo texto buscaría establecer su suspensión temporal e incorporar un sistema de adhesiones, conocido como colectoras.
Este último punto forma parte de las conversaciones mantenidas con sectores del radicalismo, especialmente con los gobernadores Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro. No obstante, la posibilidad de incorporar ese mecanismo también genera resistencias dentro de otros sectores políticos, entre ellos dirigentes como Patricia Bullrich y Luis Juez.
Uno de los principales inconvenientes es que todavía existen dudas sobre el contenido definitivo del proyecto y la cantidad de votos disponibles para aprobarlo. El oficialismo cuenta con 21 senadores propios y busca sumar el acompañamiento de radicales y legisladores vinculados a los gobernadores. El PRO, por su parte, mantiene su postura contraria a la iniciativa.
Las diferencias con Patricia Bullrich
La negociación también dejó al descubierto las tensiones entre Patricia Bullrich y otros sectores de La Libertad Avanza. La senadora sostiene que Diego Santilli debe encargarse de reunir los respaldos de los gobernadores, mientras que desde el oficialismo consideran que la responsabilidad de conseguir las firmas para el dictamen corresponde a la titular del bloque.
La falta de coordinación refleja un escenario de desconfianza que se profundizó luego de que Bullrich dejara abierta la posibilidad de construir una candidatura presidencial propia. Esa situación generó preocupación dentro del entorno de Milei, donde consideran que la continuidad de las PASO podría favorecer sus aspiraciones políticas.
Desde la Casa Rosada incluso deslizaron que, si no se consigue avanzar con el dictamen, podrían evaluar su continuidad al frente de la bancada oficialista.
A estas diferencias se suman movimientos internos dentro del bloque libertario y cuestionamientos sobre el liderazgo parlamentario. La situación podría derivar en nuevas divisiones si el Gobierno no consigue ordenar las distintas posiciones.
El impacto en la economía y la relación con los mercados
El resultado de la negociación también tendría consecuencias económicas. Para el ministro Luis Caputo, alcanzar acuerdos políticos y transmitir previsibilidad resulta fundamental para sostener la confianza de los mercados y afrontar los compromisos financieros del próximo año.
Las proyecciones económicas contemplan una disponibilidad superior a los 22.000 millones de dólares para 2027, considerando reservas netas, compras adicionales e intervenciones a futuro, sin incluir los acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China.
Sin embargo, distintos análisis advierten que, ante un escenario de mayor tensión cambiaria, el Gobierno podría necesitar otros 12.000 millones de dólares para afrontar eventuales dificultades. La incertidumbre sobre el resultado electoral y la capacidad de financiamiento aparece así como una de las principales preocupaciones del mercado.
En ese sentido, un eventual fracaso legislativo también podría debilitar las expectativas de estabilidad política y obligar al oficialismo a revisar su estrategia electoral de cara a 2027.
La visita del Papa y un mensaje que interpela a la dirigencia
Otro de los ejes del escenario político fue la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Sus encuentros y celebraciones convocaron a multitudes y dejaron un mensaje centrado en la solidaridad, la preocupación por los sectores más vulnerables y la necesidad de humanizar la economía.
Sus intervenciones también representaron un desafío para el discurso del Gobierno, especialmente por sus referencias a la pobreza, el cuidado de las personas y la responsabilidad social.
Pero el impacto no se limitó al oficialismo. La convocatoria del pontífice también dejó expuesta la dificultad del peronismo para recuperar su capacidad de movilización y representación de los sectores populares.
Las multitudinarias celebraciones demostraron que todavía existe una importante capacidad de convocatoria social, aunque esa respuesta no necesariamente se traslada a los espacios políticos tradicionales.
La visita también abrió un debate sobre la pérdida de valores comunitarios y solidarios, en una sociedad atravesada por la desconfianza y el debilitamiento de los vínculos sociales.
De esta manera, el escenario que enfrenta el Gobierno combina desafíos legislativos, tensiones internas, incertidumbre económica y nuevas demandas sociales. La discusión por las PASO será una de las primeras pruebas para determinar si Milei consigue fortalecer su capacidad de negociación y consolidar su proyecto político de cara a 2027.
Fuente: LA NACIÓN, análisis de Jorge Liotti.
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