Hay una postal que se repite desde Aluminé hasta Corcovado: laderas cubiertas de pinos plantados hace tres o cuatro décadas, cerrados como un muro, con las ramas bajas secas y el suelo tapizado de acículas. No es un bosque productivo. Es una inversión que quedó a mitad de camino.
Esa imagen resume la paradoja forestal de la Patagonia. Pocas regiones del país reúnen condiciones naturales tan favorables para cultivar madera de calidad. Y pocas muestran con tanta claridad lo que ocurre cuando el Estado promueve una actividad y después se olvida de ella.
Un potencial que nadie discute
Los números técnicos no son nuevos. En la franja de transición entre el bosque y la estepa de Neuquén, Río Negro y Chubut hay más de dos millones de hectáreas aptas para forestar. En buena parte son campos ganaderos degradados por un siglo de sobrepastoreo, que hoy rinden poco y erosionan mucho.
El pino ponderosa, la especie que domina las plantaciones de la región, crece en la Patagonia al doble de velocidad que en su Norteamérica de origen. Las rotaciones rondan los cuarenta años, y desde hace más de una década se planta con semilla mejorada por el INTA para obtener madera con menos nudos y mejor aptitud para aserrado.
Sobre ese potencial, lo plantado es apenas una muestra: alrededor de cien mil hectáreas de coníferas en toda la Patagonia andina, menos del cinco por ciento de la superficie disponible. Para dimensionarlo, del otro lado de la cordillera Chile construyó con condiciones parecidas una de las industrias forestales más competitivas del hemisferio.
No se trata solo de troncos. Una cadena forestal madura genera empleo rural estable, aserraderos, secaderos, carpinterías, tableros, biomasa para energía y, cada vez más, materiales para la construcción en madera. Es exactamente el tipo de economía que la cordillera chubutense necesita para no depender del turismo estacional y del empleo público.
La historia de un abandono
El Estado no fue ajeno a esta historia: fue su principal impulsor. Durante décadas financió la plantación con aportes que llegaron a cubrir hasta el ochenta por ciento de los costos. La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, sancionada en 1998 y prorrogada en 2018, consolidó ese esquema con subsidios para pequeños y medianos productores y estabilidad fiscal para los grandes.
El problema fue lo que vino después. La ley nunca previó actualización por inflación, y en un país como la Argentina eso equivale a una sentencia. Los pagos empezaron a llegar tarde, después muy tarde, y finalmente licuados. Hoy la deuda con los forestadores se acumula en expedientes que pasan de un gobierno a otro sin resolverse, y los propios exfuncionarios del área admiten que el interés del pequeño productor por plantar es prácticamente nulo.
Pero el subsidio a la plantación fue apenas el primer eslabón. Nadie garantizó lo que una forestación necesita para convertirse en madera: podas, raleos, caminos, aserraderos cercanos y un mercado que pague. Después de más de cuarenta años de las primeras plantaciones, la mayoría de los productores patagónicos todavía no ve un negocio rentable en el horizonte. En muchos casos, la plantación sirvió para acreditar mejoras sobre la tierra y no mucho más.
El resultado es un patrimonio forestal que envejece sin manejo. Un pinar sin ralear produce troncos finos y nudosos que el mercado no quiere, consume más agua, ahoga el sotobosque y acumula combustible. Lo que debía ser un activo se convirtió en un pasivo.
El contexto nacional tampoco ayuda. La caída del mercado interno golpea a toda la foresto-industria, el empleo registrado en el sector maderero retrocedió cerca de un nueve por ciento en el último año y las pymes de Misiones y Corrientes atraviesan una de sus peores crisis. Si al núcleo forestal del país le va así, la periferia patagónica directamente queda fuera del radar.
Chubut, donde el abandono se paga con fuego
En Chubut, donde más del noventa por ciento de lo plantado es ponderosa, el costo de la desidia dejó de ser una abstracción. El incendio que comenzó en Puerto Patriada en enero de este año, sumado a los focos del área del Parque Nacional Los Alerces, arrasó más de cuarenta mil hectáreas. Solo en Patriada se perdieron más de veinte mil hectáreas de bosque implantado. En toda la Patagonia, la temporada superó las setenta y siete mil hectáreas quemadas.
Los especialistas coinciden en un punto que la discusión pública suele pasar por alto: el problema no es el pino, sino el pino sin manejo. Una plantación podada y raleada, con cortafuegos y caminos, resiste mejor y se combate mejor. Una plantación abandonada es combustible acumulado esperando una chispa, y además se expande sola sobre la estepa y el bosque nativo después de cada incendio.
Ahí está la ironía más amarga. La misma madera que hoy se quema podría haber abastecido aserraderos en Esquel, El Maitén o Corcovado. Los raleos que nadie hizo eran, al mismo tiempo, la mejor política de prevención de incendios y el primer paso de una cadena productiva. Se perdieron las dos cosas.
No faltan ejemplos de que otro camino es posible. Hay establecimientos en la cordillera chubutense que ralean y podan entre ochocientas y mil hectáreas por año, con plan de manejo, vivero propio y proyecto industrial. Demuestran que la ecuación cierra cuando hay escala, continuidad y alguien que planifique a cuarenta años. Lo que falta es que esa lógica deje de ser la excepción de unos pocos privados y se convierta en política pública.
Lo que haría falta
Recuperar la foresto-industria patagónica no exige inventar nada. Exige hacer, con continuidad, lo que se dejó de hacer.
- Pagar lo que se debe y garantizar reglas estables. Ningún productor va a plantar hoy un árbol que cosechará en 2066 si el Estado no honra los compromisos que asumió hace una década. La Ley 25.080 vence a fines de esta década: su renovación tiene que incluir actualización automática y plazos de pago exigibles.
- Poner el foco en el manejo, no solo en la plantación. El incentivo debe premiar la poda, el raleo y los cortafuegos de las hectáreas que ya existen. Es la inversión con mejor retorno disponible: mejora la madera y reduce el riesgo de incendio a la vez.
- Darle destino a la madera. Sin aserraderos, secaderos y demanda cercana, el raleo es un costo. La construcción en madera, que ya empieza a industrializarse en el país con la primera fábrica de madera contralaminada, y la biomasa para energía térmica en localidades cordilleranas son mercados obvios.
- Ordenar el territorio. Definir con claridad dónde se foresta y dónde no, para proteger el bosque nativo y la estepa de la invasión de pinos, y darle a la actividad la licencia social que hoy no tiene.
- Que la provincia asuma el liderazgo. Chubut no puede esperar que Buenos Aires descubra la cordillera. Un plan forestal provincial con inventario actualizado, crédito y compras públicas de madera local valdría más que cualquier anuncio.
Un bosque que espera
La Patagonia no tiene que elegir entre producción y ambiente. Lo que tiene que dejar de hacer es elegir la peor opción de las dos: plantar sin manejar, promover sin acompañar, subsidiar sin pagar.
Cada verano que pasa sin una política forestal seria, la cordillera pierde madera, empleo y paisaje. Y cada incendio vuelve a instalar la misma discusión estéril sobre si el pino es el culpable, cuando el verdadero responsable es la ausencia.
Los árboles ya están plantados. La tierra, el clima y el conocimiento técnico también. Lo único que falta es decidir, de una vez, que la industria forestal patagónica merece algo más que el olvido.
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