Los números del propio plan oficial son elocuentes. Para este año, YCRT proyecta ingresos operativos de apenas 342 millones de pesos y un rojo operativo que ronda los 127.700 millones. Es decir, por cada 100 pesos que el Estado inyecta para mantenerla en pie, la empresa genera apenas 25 centavos por sus propias ventas de carbón y energía. No es un desajuste coyuntural: es la fotografía de una compañía que, en los hechos, no opera.
Una transformación jurídica sin correlato productivo
El Gobierno nacional convirtió a YCRT en sociedad anónima bajo el nombre de Carboeléctrica Río Turbio, manteniendo el control estatal mayoritario pero habilitando el ingreso de capital privado como paso previo a una eventual privatización. Año y medio después de aquel decreto, la propia resolución presupuestaria admite que la empresa “continúa en plena transformación administrativa y jurídica” y que ese proceso no concluirá antes de que termine 2026.
El diagnóstico oficial no es nuevo ni distinto al de gestiones anteriores: sin capitales privados y sin una reconversión productiva de fondo, YCRT seguirá siendo inviable. El problema es que ese diagnóstico lleva más de una década repitiéndose, con sucesivos anuncios de reactivación, modernización y apertura a inversores que nunca alteraron la ecuación estructural.
Mientras tanto, la central sigue apagada, los cargamentos de carbón se han llegado a quemar en Punta Loyola por falta de colocación comercial, y la intervención de turno enfrenta el reproche sindical de no haber logrado poner el yacimiento en marcha ni concretar ventas sostenidas.
El costo social y el frente gremial
Detrás de las cifras fiscales hay una economía regional entera montada sobre la empresa: alrededor de 2.200 trabajadores activos y más de 1.500 jubilados dependen directa o indirectamente de YCRT, que sostiene la vida económica de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour.
Los despidos —417 ex trabajadores cuyos reclamos judiciales fueron desestimados según la propia intervención— y los retiros voluntarios conviven con el paso de la planta de personal al régimen de derecho privado, un cambio que los gremios consideran una vulneración de convenios colectivos vigentes y de normas de la OIT.
La reacción sindical no se ha apagado. Los gremios de la cuenca carbonífera —ATE, Luz y Fuerza, APS y La Fraternidad— coinciden en un mismo reclamo: que la prioridad sean los puestos de trabajo y la vigencia de los convenios colectivos, más allá de cuál sea el esquema societario final.
Y esa preocupación acaba de escalar a una escala mayor: esta misma semana, centrales sindicales del sector energético conformaron una mesa unificada para fijar una posición común frente a los anuncios del Gobierno, en momentos en que además se apura la creación de un Ministerio de Energía y de un nuevo ente regulador.
YCRT, lejos de ser un caso aislado, se inscribe en un movimiento más amplio de reestructuración del sector energético estatal.
Lo que el presupuesto no resuelve
Aprobar un plan de acción y un presupuesto es, en rigor, un acto administrativo necesario para que la empresa pueda operar legalmente durante el año. Pero equipararlo con una solución sería un error de lectura.
El propio texto oficial reconoce que la transformación societaria sigue abierta, que la usina continúa fuera de servicio y que la dependencia de las transferencias del Tesoro no tiene, por ahora, fecha de finalización.
El gobernador de Santa Cruz ha insistido en que la condición para cualquier participación provincial en el nuevo esquema societario es que la empresa se ponga efectivamente en marcha y logre vender carbón o energía de manera sostenida.
Es una condición razonable, pero también un recordatorio de que, mientras no se cumpla, la discusión sobre privatización, capitales privados o nuevos entes reguladores corre el riesgo de convertirse en una discusión sobre la forma jurídica de una empresa que, en los hechos, sigue sin producir.
Río Turbio no necesita otro decreto de transformación. Necesita que alguna de las tantas transformaciones ya decretadas empiece, finalmente, a traducirse en carbón vendido, energía generada y en una estructura de costos que no dependa, casi en su totalidad, de la billetera del Estado nacional.
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