El máximo tribunal resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda contra el decreto, no tenía legitimación para promover la acción judicial. Según los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tampoco se encontraba configurado un caso concreto que habilitara la intervención de la Justicia.
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, establecía límites a la propiedad rural en manos de extranjeros. Entre otras restricciones, fijaba un máximo del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía que una misma persona física o jurídica extranjera no podía concentrar más de 1000 hectáreas en determinadas zonas.
La norma había sido restablecida de manera provisoria en enero de 2024, luego de una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de La Plata. Posteriormente, la Cámara Federal de esa ciudad había declarado inconstitucional el artículo del DNU que derogaba la ley y ordenado continuar con la causa como proceso colectivo.
Ahora, la Corte Suprema revocó esa decisión al considerar que los excombatientes no estaban habilitados legalmente para iniciar el reclamo. El tribunal aclaró que su resolución se limita a esa cuestión y que no implica pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
Con la decisión, vuelve a tener vigencia la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno nacional en diciembre de 2023. De esta manera, dejan de aplicarse los límites que esa legislación establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El tema había vuelto al centro de la discusión política en agosto, cuando el Gobierno intentó incorporar modificaciones vinculadas con la propiedad de tierras rurales en un proyecto que iba a ser tratado por el Senado. Finalmente, el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros fue retirado ante la falta de consenso político.
Fuente: LA NACION.
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