Conviene además mirar el calendario. El “primer RIGI del convencional” no es nuevo: ya en mayo PAE había anunciado que pediría la adhesión para Cerro Dragón, con una inversión prevista de US$680 millones. Ahora, en París, se presentó el mismo proyecto por unos US$1.200 millones. Pasaron más de cuatro meses entre un anuncio y otro, y la fila de empresas que supuestamente seguiría a PAE todavía no aparece. Además, cabe preguntarse por qué la cifra casi se duplicó: si hay ampliación real del proyecto, falta explicarla; si es otra forma de contar la misma inversión, el entusiasmo merece más cautela.
El contenido del proyecto también modera el triunfalismo. Contempla 22 plantas de inyección de polímeros, 100 pozos nuevos y la intervención de otros 600, con el objetivo declarado de contrarrestar el declino natural de la producción convencional. Es una apuesta para estirar la vida de un yacimiento maduro, no la apertura de un nuevo horizonte productivo. Y llega con los beneficios del RIGI: menor alícuota de Ganancias, exenciones arancelarias para importar equipos y estabilidad fiscal por décadas. La pregunta que el diputado no se hace es cuánto resigna el Estado a cambio y qué garantías hay de que proveedores y trabajadores de la cuenca, y no solo la operadora, capturen esa inversión.
Hay, por último, una tensión en su propio discurso. En la misma entrevista, Fernández describió un Comodoro “sin planificación” y con problemas estructurales que el municipio no resuelve. Si después de décadas de renta petrolera la ciudad sigue con calles y barrios en ese estado, el problema no es la falta de inversiones sino cómo se distribuyen sus beneficios. Celebrar un régimen que reduce lo que las empresas aportan, mientras se denuncia la falta de recursos para lo mínimo, merece al menos una explicación.
Nadie discute que la cuenca necesita actividad. Lo que se le puede pedir a un legislador es menos metáfora y más control: plazos, empleo comprometido, compre local y seguimiento público de lo prometido.
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