El Gobierno nacional consiguió avanzar con el proyecto de Presupuesto 2027 luego de alcanzar acuerdos con distintos bloques políticos y sectores aliados. La iniciativa obtuvo 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lo que le permitirá llegar al recinto para su tratamiento el próximo 25 de noviembre.
El dictamen contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores vinculados a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Tucumán, Osvaldo Jaldo; y Catamarca, Raúl Jalil.
Para conseguir los respaldos, el oficialismo aceptó introducir diferentes modificaciones al proyecto original, que pasó de tener 76 artículos a 73. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del apartado que buscaba terminar con la actualización automática de las asignaciones familiares y prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
También fueron retirados los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento. En su lugar, se incorporó una disposición para garantizar los recursos destinados a las prestaciones de las personas con discapacidad.
Los acuerdos con los bloques aliados
El PRO consiguió incluir una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 para adherir al régimen de promoción autopartista, uno de los pedidos que había impulsado el expresidente Mauricio Macri. En cambio, el reclamo por la deuda de coparticipación que mantiene Nación con la Ciudad de Buenos Aires será negociado por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Otro de los puntos acordados estuvo relacionado con el impuesto a los combustibles líquidos. Se estableció que cada provincia podrá negociar individualmente con el Poder Ejecutivo la distribución de los fondos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial.
Desde la oposición cuestionaron que, pese a la recaudación de alrededor de $1,6 billones mediante ese impuesto y el fideicomiso SisVial, una parte menor de los recursos haya sido destinada al mantenimiento de las rutas nacionales.
Por su parte, la UCR logró mantener el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. Sin embargo, no consiguió que se incorporara el aumento de fondos para las universidades nacionales que venía reclamando.
El presupuesto contempla una partida de $7,3 billones para las instituciones universitarias, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que se necesitan $11 billones para cumplir con la legislación vigente.
El proyecto también incorporó beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para la Sociedad de Transporte de Mendoza, en relación con la importación de material ferroviario y subterráneo.
En tanto, el diputado del MID Eduardo Falcone consiguió un compromiso del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para destinar recursos a la construcción de la autovía de la Ruta Nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Sin embargo, esos fondos dependerán de la Jefatura de Gabinete y no estarán identificados directamente en el presupuesto de Vialidad Nacional.
Los reclamos que quedaron afuera
No todos los espacios políticos consiguieron respuestas favorables. El bloque Argentina Federal, encabezado por Oscar Herrera Ahuad, reclamó mayores recursos para Ciencia y Tecnología y el cumplimiento de las partidas previstas en la Ley de Bosques para Misiones. Ninguno de esos pedidos fue incorporado, por lo que el espacio decidió no acompañar el dictamen oficialista.
Tampoco prosperaron las demandas de los legisladores cordobeses cercanos al gobernador Martín Llaryora, quienes reclamaban el pago de deudas con la caja jubilatoria provincial y obras para las rutas nacionales. En la misma línea, los representantes de Salta solicitaron mayores recursos para infraestructura vial y saneamiento, pero tampoco obtuvieron respuestas.
Desde Unión por la Patria presentaron un dictamen alternativo con mayores partidas para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública.
Entre sus propuestas figuraban elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para atender las consecuencias del fenómeno de El Niño.
Además, referentes opositores cuestionaron las proyecciones económicas del Gobierno y reclamaron precisiones sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda.
Las proyecciones económicas para 2027
Pese a las modificaciones incorporadas durante las negociaciones, el proyecto mantiene las principales estimaciones económicas del Poder Ejecutivo para el próximo año.
El Presupuesto 2027 prevé un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial proyectado en $1.847,60. También contempla un superávit primario equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y sostiene el equilibrio fiscal como uno de los ejes centrales de la política económica.
Con el dictamen conseguido en comisión, el oficialismo buscará obtener la media sanción en Diputados el próximo 25 de noviembre. Para lograrlo, deberá mantener los acuerdos políticos alcanzados con sus aliados durante las negociaciones.
Fuente: LA NACIÓN.
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