Cada invierno se repite la escena. Una marea alta coincide con un temporal del sudeste y el mar avanza sobre la costanera. Al día siguiente aparecen las fotos: bloques de hormigón desplazados, veredas socavadas, barandas retorcidas, la arena convertida en un recuerdo. Los funcionarios recorren la zona, se anuncian relevamientos y se promete una obra. Después llega la primavera, el mar se calma y el tema vuelve al cajón hasta el próximo temporal.
Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rada Tilly, Puerto Madryn y Playa Unión: las ciudades de la costa patagónica comparten una geografía tan atractiva como exigente. Viven de cara a un mar de mareas amplias, vientos persistentes y costas formadas, en buena medida, por sedimentos blandos y acantilados que retroceden de manera natural. Sobre ese borde frágil se construyeron paseos, avenidas, viviendas y redes de servicios, muchas veces con una lógica que ignoró la dinámica del litoral. El resultado es una infraestructura urbana que está, literalmente, en la primera línea de fuego.
Un problema que no es nuevo, pero se agrava
La erosión costera no es una novedad ni una sorpresa. Lo que cambió es la intensidad del fenómeno y la cantidad de patrimonio expuesto. Los eventos de oleaje extremo parecen más frecuentes y las obras de defensa, muchas de ellas pensadas hace décadas y con un mantenimiento irregular, ya no alcanzan. Una escollera que no se repara a tiempo no envejece: colapsa. Y cuando colapsa, la reparación cuesta varias veces lo que habría costado el mantenimiento preventivo.
Esta es quizás la paradoja central del asunto. En la Patagonia se invierte en defensa costera casi siempre de manera reactiva, después del daño, con fondos de emergencia y obras fragmentadas que atacan el síntoma puntual sin resolver el problema del tramo completo. Se refuerza un sector de la costanera y el mar encuentra el punto débil cien metros más allá. La costa funciona como un sistema, pero el Estado la gestiona por pedazos.
La trampa de las jurisdicciones
Parte de la dificultad es institucional. La costa es un territorio donde se superponen competencias municipales, provinciales y nacionales, con organismos de ambiente, de recursos hídricos, de vialidad y de obras públicas que no siempre se coordinan. En ese laberinto, la responsabilidad se diluye. El municipio reclama fondos a la provincia, la provincia gestiona ante Nación y Nación, en un contexto de recorte de la obra pública, prioriza otras urgencias o directamente se retira.
El repliegue del Estado nacional en materia de infraestructura deja a los gobiernos locales frente a obras cuya escala excede largamente su capacidad presupuestaria. Una defensa costera seria no se financia con la recaudación de tasas municipales. Requiere estudios hidrodinámicos, proyectos de ingeniería, materiales pesados y años de ejecución. Pretender que cada intendente resuelva solo un problema de esta magnitud es, en la práctica, condenarlo a la improvisación.
Ingeniería, no maquillaje
Hay además una discusión técnica que la política suele esquivar. No toda intervención sobre la costa es una solución. Algunas obras rígidas, como muros o espigones mal diseñados, pueden proteger un sector y acelerar la erosión en otro, al alterar el transporte natural de sedimentos. Las experiencias internacionales muestran que las estrategias más eficaces combinan obras duras donde son imprescindibles con soluciones blandas, como la regeneración de playas, la protección de médanos y, sobre todo, una planificación urbana que deje de avanzar sobre zonas que el mar va a reclamar tarde o temprano.
Esto implica decisiones incómodas. Significa revisar códigos de edificación, restringir construcciones en sectores de riesgo y aceptar que ciertas áreas no pueden defenderse indefinidamente a cualquier costo. Ningún funcionario gana elecciones anunciando que un tramo de costa debe dejarse en manos de la naturaleza. Pero gobernar también es eso: decir lo que no se quiere escuchar antes de que los hechos lo impongan.
Lo que está en juego
La costanera no es solamente un paseo. En las ciudades patagónicas es espacio público central, atractivo turístico, eje vial y, en muchos casos, el soporte de redes cloacales, pluviales y eléctricas. Su deterioro afecta la calidad de vida, la economía local y la seguridad de quienes viven cerca del mar. Cada temporal que golpea una defensa debilitada pone en riesgo bienes que costaron décadas construir.
Por eso, el tema merece salir de la lógica del parche y de la foto posterior al desastre. Lo que hace falta es una política costera de largo plazo, con diagnóstico técnico compartido, un plan de inversiones plurianual que trascienda los mandatos y mecanismos de financiamiento que no dependan de la buena voluntad de turno. Las provincias patagónicas podrían, incluso, coordinar una agenda regional común frente a un problema que no reconoce límites jurisdiccionales.
El mar no lee presupuestos ni respeta calendarios electorales. Avanza con la paciencia de lo inevitable. La pregunta es si las ciudades de la costa van a anticiparse o si seguirán contando los daños después de cada temporal, esperando una licitación que siempre llega tarde.
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