La Ley de Tierras volvió al centro de la escena. Entre el decreto que la dejó sin efecto, las idas y vueltas judiciales y un Senado que prefirió sacar el capítulo del proyecto oficial antes que arriesgar una derrota, la discusión se instaló con los términos de siempre: soberanía de un lado, inversión del otro; topes, porcentajes y nacionalidades. Es un debate legítimo y necesario. Pero visto desde una ruta de ripio en la meseta patagónica, tiene algo de conversación ajena, como si se estuviera discutiendo la escritura de una casa en la que ya no vive nadie.
Porque mientras en Buenos Aires se pregunta quién puede ser dueño de la tierra, en buena parte del sur la pregunta que nadie formula es quién va a seguir habitándola.
Tranqueras con candado
Basta recorrer la meseta central de Chubut, la Línea Sur rionegrina o el centro de Santa Cruz para ver el paisaje que no aparece en los debates parlamentarios.
Estancias con el casco cerrado, molinos parados, alambrados que ya nadie recorre, majadas que eran de miles de cabezas y hoy son de cientos, o directamente ninguna. No es una postal nueva: es el resultado acumulado de dos décadas de golpes que se sumaron sin que nadie los ordenara en una política.
La sequía prolongada, las cenizas volcánicas —la del Hudson en Santa Cruz a comienzos de los noventa, la del Puyehue sobre la Línea Sur y la meseta chubutense en 2011— que sepultaron pasturas y aguadas, la desertificación de suelos sobrepastoreados durante un siglo, la presión del zorro y del puma sobre los corderos, el abigeato, un precio de la lana que sube y baja al ritmo de mercados lejanos, y costos de producción que en un campo aislado se multiplican.
A eso se agrega el factor más silencioso de todos: los hijos que estudiaron en la ciudad y no vuelven. Muchos campos no se venden ni se abandonan formalmente; simplemente se apagan.
Una tierra sin gente no es soberanía: es un mapa.
Pueblos que se vacían de a uno
Detrás de esos campos están los pueblos que vivían de ellos. Gan Gan, Gastre, Telsen o Paso de Indios en Chubut; Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos o Ramos Mexía en Río Negro; Bajo Caracoles, Gobernador Gregores, Tres Lagunas o Jaramillo en Santa Cruz.
Cambian los nombres y las distancias, pero la lista de carencias se repite: energía generada con usinas a gasoil, ausencia de gas de red en muchos parajes, conectividad intermitente, rutas que con la primera nevada o la primera lluvia fuerte quedan en manos de la suerte, puestos sanitarios sin médico permanente y escuelas albergue que son, muchas veces, la única presencia estable del Estado.
En ese contexto, irse no es una elección ideológica sino una cuenta sencilla. Una familia joven mira el futuro de sus hijos, compara y se muda a Trelew, Comodoro Rivadavia, Bariloche, General Roca, Viedma, Río Gallegos o Caleta Olivia.
Y cada familia que se va hace un poco más difícil sostener la escuela, la sala de primeros auxilios o el almacén para las que se quedan. El despoblamiento no es un evento: es un goteo que se retroalimenta.
La paradoja urbana
La migración, además, no resuelve el problema: lo traslada. Las ciudades de la costa, del Alto Valle y de la cordillera reciben esa población sin la infraestructura para absorberla.
Crecen los barrios periféricos, las tomas, la demanda de agua, cloacas, transporte y vivienda que los municipios no alcanzan a cubrir.
La Patagonia convive así con una paradoja difícil de explicar: falta tierra en la ciudad y sobra tierra en el campo. Hay gente sin lote a pocos kilómetros de millones de hectáreas sin gente.
Ninguna ley de titularidad, por bien o mal redactada que esté, ordena esa ecuación. Se puede restringir la compra extranjera y que los campos sigan vacíos. Se puede liberar el mercado y que lleguen compradores que alambren, especulen o conserven, pero que no generen un solo puesto de trabajo estable ni un alumno más en la escuela del pueblo.
Las dos mitades de una discusión incompleta
Quienes defienden la Ley de Tierras invocan la soberanía. Tienen un punto, pero la soberanía no se ejerce solo desde un registro: se ejerce con presencia, con caminos, con gente produciendo y viviendo en el territorio.
Quienes impulsan su derogación hablan de inversión. También tienen un punto, pero la inversión que no arraiga población ni deja valor en la economía local no repuebla nada; a lo sumo cambia el nombre en el cartel de la tranquera.
Ambas posiciones comparten un punto ciego: discuten la propiedad de la tierra como si la tierra estuviera en uso. En vastas zonas de la Patagonia no lo está. Y esa es la discusión que falta.
Lo que debería estar sobre la mesa
Una agenda seria para el interior patagónico no empieza por quién compra sino por qué hace falta para que alguien quiera quedarse.
Energía confiable y conectividad, que hoy son tan esenciales como el agua. Rutas transitables todo el año. Salud y educación con continuidad, no por temporadas. Financiamiento accesible para recomponer majadas, manejar pastizales y asegurar aguadas, con herramientas como la ley ovina funcionando a pleno y no como un trámite de fondos que llegan tarde.
También hace falta creatividad con los campos que ya están ociosos: relevarlos, facilitar arrendamientos a productores jóvenes, promover esquemas asociativos, darle un rol activo a los organismos provinciales de tierras y colonización, que en las tres provincias administran todavía enormes superficies fiscales.
Y pensar la diversificación productiva —turismo rural, energías renovables, producción de alimentos para el mercado regional— con una condición innegociable: que una parte del valor se quede en el territorio y en los pueblos que lo sostienen.
Nada de esto depende exclusivamente de Nación. Chubut, Río Negro y Santa Cruz tienen herramientas, presupuesto y responsabilidad propia, y comparten un problema que justificaría una agenda regional común en lugar de tres reclamos aislados.
El problema es que la meseta vota poco, protesta poco y aparece poco en los medios. Su despoblamiento no genera titulares; genera ausencias.
El silencio como síntoma
Mientras el país discute si un extranjero puede comprar mil hectáreas, entre la Línea Sur y el centro de Santa Cruz hay millones de hectáreas que nadie trabaja y pueblos donde cada invierno hay un vecino menos.
No se trata de restarle importancia al debate sobre la Ley de Tierras, sino de completarlo.
Si dentro de veinte años la meseta es un territorio con dueños pero sin habitantes, habrá dado lo mismo quién firmó la escritura.
La pregunta de fondo no es de quién es la tierra. Es para quién va a ser posible vivir en ella.
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