El Senado de la Nación aprobó definitivamente la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de aceptar las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados. La votación terminó con 42 votos a favor y 26 en contra, y uno de los puntos centrales de la normativa fue la restitución de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos extranjeros.
El proyecto atravesó distintas instancias de negociación durante su tratamiento legislativo. En una primera etapa, el oficialismo debió retirar los artículos relacionados con la extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, debido a que no contaba con los respaldos necesarios para avanzar.
El debate también estuvo marcado por las discusiones sobre la soberanía nacional y las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales. Posteriormente, la controversia se profundizó a partir de las decisiones judiciales vinculadas con el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras y eliminado sus limitaciones.
Ante ese escenario, durante el tratamiento en comisiones de Diputados se incorporaron dos artículos para garantizar nuevamente la vigencia de la legislación. El artículo 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 restablece la Ley 26.737, correspondiente al Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Con esas modificaciones, el proyecto regresó al Senado, donde finalmente obtuvo la aprobación definitiva.
Cambios en expropiaciones y desalojos
Además de la restitución de la Ley de Tierras, la normativa establece nuevas condiciones para los procesos de expropiación. Entre ellas, exige que exista una declaración concreta de utilidad pública y que el Estado abone previamente una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble.
El monto también deberá contemplar las ganancias que el propietario haya dejado de percibir, con un límite general del 30% del daño emergente, salvo que pueda demostrarse un perjuicio mayor. Asimismo, se prevé la actualización de los valores por inflación y la aplicación de intereses ante posibles demoras en los pagos.
Otro de los puntos contempla modificaciones en los procedimientos de desalojo y la creación del Registro de la Propiedad Inmueble. El objetivo es agilizar los trámites para recuperar propiedades, aunque se mantienen determinadas protecciones para personas en situación de vulnerabilidad, que podrán contar con un plazo de hasta diez días.
En el caso de los alquileres, la ley establece que, antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda.
De esta manera, la Cámara alta completó el recorrido legislativo de una reforma que introduce cambios en el régimen de propiedad privada y restablece las restricciones previstas en la Ley de Tierras.
Fuente: LA NACIÓN.
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