El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura un proyecto para establecer una nueva Ley de Hidrocarburos y actualizar el marco regulatorio de la actividad en la provincia. La iniciativa busca adecuar la normativa a los cambios productivos, tecnológicos y legales registrados durante los últimos años, incluyendo las modificaciones impulsadas a nivel nacional a partir de la Ley Bases.
La propuesta fue presentada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y los directores de Hidrocarburos y de Legales, Lucas Erio y Bruno De Pasquale.
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con el régimen de regalías. Actualmente, la legislación establece una alícuota general del 12%, con la posibilidad de reducirla hasta el 5%. El nuevo esquema propone una regalía de referencia del 15% para futuras licitaciones, aunque las empresas podrán realizar ofertas diferentes. Para definir las adjudicaciones también se tendrán en cuenta la producción proyectada y las inversiones previstas, con especial importancia sobre estas últimas.
El proyecto contempla además incentivos destinados a recuperar la actividad en yacimientos convencionales maduros. El Ejecutivo provincial podría disponer reducciones de regalías para iniciativas que permitan reactivar pozos inactivos, realizar nuevas exploraciones, producir crudos pesados o aplicar métodos de recuperación mejorada. En determinadas situaciones y con respaldo técnico, la regalía podría quedar incluso por debajo del 5%.
Otro de los ejes de la reforma es la incorporación de un régimen específico para la explotación no convencional de Vaca Muerta. La normativa vigente desde 2006 no contemplaba expresamente este tipo de concesiones, por lo que el nuevo proyecto incorpora esta figura y permite la reconversión de concesiones de acuerdo con la legislación nacional.
La medida apunta especialmente al potencial de la Cuenca Neuquina en el departamento de Malargüe, donde los desarrollos no convencionales requieren mayores niveles de inversión y plazos de ejecución más extensos.
En materia ambiental, la iniciativa establece nuevas obligaciones para las empresas durante las distintas etapas de explotación. Entre ellas se incluyen la prevención y mitigación de impactos, el monitoreo de las actividades, la restauración de ambientes afectados y la responsabilidad sobre el cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos. También deberán atender el saneamiento de los pasivos ambientales generados durante sus operaciones.
El proyecto establece que el retiro de una empresa de determinada área no implica la desaparición de las obligaciones ambientales generadas durante el período en el que desarrolló sus actividades.
Además, se propone crear una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar tareas de inspección y fiscalización, adquisición de equipamiento y fortalecimiento técnico. El monto de esta tasa no podrá superar el 0,8% de las regalías y/o cánones correspondientes a cada actividad.
También se modificaría el sistema de multas. Las sanciones dejarían de estar expresadas en pesos y pasarían a calcularse tomando como referencia el precio de la nafta súper. Las infracciones serían clasificadas según su gravedad y las multas se determinarían considerando factores como el daño ocasionado, el nivel de riesgo y la reincidencia.
Por último, la propuesta incorpora disposiciones para aquellos territorios donde puedan coincidir proyectos mineros e hidrocarburíferos. El objetivo será procurar la coexistencia de ambas actividades mediante mecanismos de coordinación técnica, ambiental y operativa.
Cuando esa compatibilización no sea posible por cuestiones relacionadas con la seguridad, el ambiente o el aprovechamiento de los recursos, el Poder Ejecutivo deberá resolver la situación con intervención de las autoridades correspondientes y participación de los sectores involucrados.
Fuente: Diario Mendoza.
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