URGENTE

Se va Benetton, la tierra queda

La venta de las más de 900.000 hectáreas de la Compañía de Tierras Sud Argentino a socios de Adecoagro cierra un capítulo de 35 años. Pero deja intacta la discusión que el apellido italiano encarnaba: cuánta tierra, en cuántas manos y con qué Estado del otro lado del alambrado.

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Se va Benetton, la tierra queda

El fin de un símbolo

Durante más de tres décadas, Benetton fue bastante más que un propietario rural. Fue una metáfora. Cada vez que en la Argentina se discutía la extranjerización de la tierra, la concentración de la propiedad o el reclamo de los pueblos originarios, el apellido de la familia de Treviso aparecía como ejemplo inevitable, casi como un atajo argumental. Bastaba decir "Benetton" para que todos entendieran de qué se estaba hablando.

Ese símbolo acaba de cambiar de manos. Un grupo de accionistas y directivos de Adecoagro, encabezado por su CEO Mariano Bosch, compró a título personal la Compañía de Tierras Sud Argentino y Ganadera Cóndor, las dos sociedades a través de las cuales el holding Edizione controlaba sus campos en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires. No trascendió el monto. Agustín Dranovsky seguirá al frente de la operación, una señal de continuidad que el mercado leerá con alivio y que la región debería leer con atención.

La noticia tiene algo de cierre de época. La empresa nació en 1889 con capitales ingleses, se nacionalizó de apuro durante Malvinas para esquivar eventuales incautaciones, pasó por manos de familias locales y llegó a Benetton en 1991. Ahora vuelve a ser, formalmente, argentina.

La paradoja de la extranjerización

Ahí está el primer dato incómodo para un debate que lleva años planteado en términos de pasaporte. El mayor terrateniente extranjero del país se va justo cuando la Ley de Tierras Rurales atraviesa su momento de mayor incertidumbre: derogada por el DNU 70/2023, con un oficialismo que en agosto retiró el capítulo de tierras de su proyecto sobre propiedad privada para salvar el resto, una Cámara de Diputados que reincorporó las restricciones originales con 239 votos, un Senado que posterga y una Corte Suprema que el 9 de octubre suspendió cautelarmente la derogación. En ese laberinto normativo, la operación probablemente habría encajado en cualquiera de los regímenes en disputa.

Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Qué cambia, en concreto, para la meseta y la cordillera patagónica que el titular de casi un millón de hectáreas tenga domicilio en Buenos Aires en lugar de Treviso? La superficie es la misma. La concentración es la misma. La relación con las comunidades que reclaman parte de esos campos como territorio ancestral es, al menos por ahora, la misma.

Hay además un detalle que muestra los límites de mirar solo la nacionalidad del dueño. Adecoagro, la empresa cuyos directivos encabezan la compra, está controlada desde 2025 por Tether, la emisora de la criptomoneda estable más usada del mundo. La adquisición de las tierras no fue corporativa ni puede atribuírsele a esa firma. Sin embargo, el caso ilustra que los circuitos del capital son bastante más sinuosos que una categoría en un registro: fondos, holdings, vehículos societarios y socios cruzados. Una ley que solo pregunta "¿de qué país es el titular?" llega tarde a una economía que se organiza de otra manera.

Chubut, el tercio que nos toca

Para Chubut, la operación no es una noticia lejana. Cerca de un tercio de las tierras de la compañía está en la provincia, con Leleque y El Maitén como nombres propios de una historia larga y conflictiva. Es la cordillera donde pastan buena parte de las 260.000 ovejas de la empresa, el primer productor de lana del país, y donde se esquila cada año alrededor de un millón de kilos.

Es también el territorio de Cushamen, donde en 2017 la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, tras un operativo de Gendarmería en un predio reclamado por una comunidad mapuche, convirtió un conflicto regional en una crisis nacional. Es la tierra de la familia Curiñanco, desalojada en 2004 de un campo que había ocupado dos años antes. Es el escenario de recuperaciones territoriales, causas judiciales y desalojos que atravesaron gobiernos de todos los signos.

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Nada de eso se vende junto con las acciones. O, mejor dicho, se vende todo junto: los nuevos dueños heredan los títulos, pero también los reclamos, las causas abiertas y la desconfianza acumulada. Y lo hacen en un contexto en el que el relevamiento territorial indígena previsto por la Ley 26.160 sigue inconcluso y la emergencia que esa norma establecía dejó de regir.

Lo que la venta no resuelve

La salida de Benetton le quita al debate su villano más cómodo. Durante años, la discusión sobre la tierra patagónica pudo apoyarse en una imagen sencilla: el magnate europeo que se queda con la estepa. Esa imagen tenía fundamentos, pero también funcionaba como coartada. Permitía hablar de extranjerización sin hablar de concentración, de soberanía sin hablar de catastro y de pueblos originarios sin hablar de mensuras, títulos y relevamientos que el Estado nunca terminó.

Con dueños argentinos, esas coartadas se agotan. Ya no alcanza con señalar a un apellido. Hay que responder preguntas más difíciles: qué modelo productivo se espera para esas tierras, si se mantendrá la escala ganadera o habrá fragmentación, turismo, forestación o proyectos energéticos; qué capacidad tiene la provincia para saber quién es dueño de qué; y cómo se procesan reclamos territoriales sin romantizar las ocupaciones violentas ni naturalizar los desalojos como única respuesta.

Chubut tiene herramientas propias para intervenir. El Instituto Autárquico de Colonización, el catastro provincial y el registro de la propiedad pueden dejar de ser oficinas de trámite y convertirse en instrumentos de política territorial. Una exigencia mínima de transparencia sobre beneficiarios finales en las grandes operaciones rurales, un catastro actualizado y una mesa estable con las comunidades serían avances concretos, independientes de lo que finalmente decidan el Congreso o la Corte sobre la Ley de Tierras.

Una oportunidad, si alguien la toma

El cambio de manos abre, paradójicamente, una ventana. Los nuevos propietarios no cargan con tres décadas de imagen pública deteriorada y tienen incentivos para mostrar que se puede producir en la Patagonia sin que cada temporada sea un conflicto. El Estado provincial, por su parte, tiene la oportunidad de sentarse a la mesa como actor y no como espectador de una transacción decidida entre Milán y Buenos Aires.

Si la discusión sobre la tierra en la Patagonia se agotaba en el apellido Benetton, nunca fue una discusión seria. La venta es la prueba. Se va el símbolo, quedan las hectáreas, las ovejas, los trabajadores, las comunidades y las preguntas. Ahora no hay a quién echarle la culpa desde lejos.

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