Las federaciones rurales de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, nucleadas junto a Confederaciones Rurales Argentinas, vienen insistiendo desde hace meses en que la convivencia entre la ganadería ovina y la fauna silvestre dejó de ser sostenible. No hablan de una molestia menor: la Patagonia concentra apenas una cuarta parte del territorio nacional, pero alberga más de la mitad del stock ovino del país. Cuando el sector advierte que corre riesgo, no exagera sobre una actividad marginal; señala una de las pocas cadenas productivas que todavía sostiene el arraigo poblacional en la meseta.
El diagnóstico técnico agrega matices que conviene no pasar por alto. La cifra de dos millones de guanacos, repetida en informes oficiales y en el debate legislativo como si fuera un dato cerrado, no resiste un examen estadístico riguroso: los dos únicos relevamientos regionales disponibles no alcanzan la solidez metodológica necesaria para sostener decisiones de manejo poblacional. Eso no invalida el reclamo rural, pero sí debería obligar a construir una línea de base consensuada y transparente antes de legislar sobre extracción o cupos. Manejar una especie nativa sin datos confiables es, en el mejor de los casos, imprudente.
Lo que sí está documentado con mayor precisión es la competencia directa por recursos escasos. Estudios de la Estación Experimental Agropecuaria de Santa Cruz muestran que los guanacos permanecen en los bebederos casi el doble de tiempo que las ovejas, y que su comportamiento dominante desplaza al ganado del acceso al agua cuando se agrupan en cantidad. A esa presión se suma el deterioro de pastizales por sobrecarga y una mayor exposición de las majadas a la depredación de zorros y pumas, en un escenario donde el espacio de pastoreo disponible se reduce.
El trasfondo institucional agrava el cuadro. La derogación del plan nacional de manejo del guanaco dejó un vacío que las provincias están empezando a llenar por su cuenta: Santa Cruz avanza en una legislación propia que habilitaría la extracción controlada para reducir densidades poblacionales. Es un camino razonable en principio, pero expone el problema de fondo de la política ambiental argentina en materia de fauna silvestre: la ausencia de un marco federal que armonice los criterios entre provincias que comparten la misma especie, el mismo ecosistema y, en gran medida, el mismo mercado ovino.
La discusión, además, no se libra solo en el terreno técnico. El guanaco goza de protección bajo la Convención CITES y cualquier plan de extracción choca con sectores ambientalistas que cuestionan su implementación, mientras especialistas del área productiva responden que esa resistencia ignora el impacto real de la sobrepoblación sobre el ecosistema y la economía regional. Es un desacuerdo legítimo entre visiones de manejo de fauna, pero convertido en trinchera política termina perjudicando a quienes menos margen tienen para esperar: los productores que ven mermar su majada mientras se define, año tras año, quién tiene la razón.
Ahí aparece, además, una salida que la región todavía explota poco: convertir al propio guanaco en recurso económico antes que en problema a exterminar. Chile lleva ventaja en ese terreno. En Magallanes, con respaldo de organismos técnicos y una mesa de trabajo específica, se construyó una estrategia de valor agregado que combina manejo poblacional con una narrativa de origen: carne magra, de identidad patagónica, pensada para mercado interno y exportación. Del lado argentino el camino es más zigzagueante, pero ya no está cerrado. Santa Cruz habilitó la faena y venta formal de carne de guanaco bajo trazabilidad sanitaria, con cortes que hoy llegan a carnicerías a precios sensiblemente menores que la carne vacuna, y Río Negro avanza en un proyecto legislativo propio para sumarse a esa comercialización. El propio antecedente de una exportación piloto a Bélgica, hace ya varios años, muestra que la demanda externa existe; lo que faltó entonces, y sigue faltando, es una cadena de valor privada que sostenga el negocio en el tiempo. Si Chubut y sus provincias vecinas lograran replicar en serio el modelo chileno, la sobrepoblación de guanacos dejaría de leerse solo como una amenaza para el productor ovino y empezaría a funcionar como una segunda proteína patagónica, con marca propia y mercado creciente.
La Patagonia no puede permitirse otro ciclo de diagnósticos sin decisión. Hace falta una línea de base poblacional confiable, un marco de manejo que reconozca al guanaco como especie nativa sin desconocer el costo que su expansión descontrolada impone sobre la actividad ovina, y una articulación entre Nación y provincias que hoy no existe. Postergar esa discusión no protege al guanaco ni al productor: solo traslada el costo político de decidir hacia un futuro cada vez más estrecho para ambos.
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