Hay operaciones financieras que parecen técnicas y terminan siendo políticas. La que protagonizó Liminar Energía S.A. el 16 de julio, cuando cerró la suscripción de derechos de Crown Point Energy Inc. y elevó su tenencia accionaria a alrededor del 76% del capital, entra en esa categoría. En la superficie, es una operación de mercado de capitales canadiense: una compañía que cotiza en la TSX Venture, una oferta de derechos a 0,125 dólares por acción, treinta millones de dólares de recaudación. Debajo, hay una reconfiguración patrimonial que toca directamente el corazón productivo de Comodoro Rivadavia.
Crown Point Energy no es un actor nuevo en la región. A través de su subsidiaria Crown Point Energía S.A., opera concesiones en la Cuenca Austral, en Tierra del Fuego, y en la Cuenca Neuquina. Pero lo que le da densidad chubutense al movimiento es el destino de los fondos: el dinero recaudado en la oferta de derechos sirvió para que la subsidiaria local cancelara un préstamo de 30 millones de dólares que había tomado de su propio controlante, Liminar, para financiar la compra de un interés operado del 95% en las concesiones de El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga. Son nombres que cualquier comodorense reconoce de memoria: yacimientos históricos de la Cuenca del Golfo San Jorge, terreno que YPF explotó durante décadas y que hoy sigue un camino de desprendimiento hacia operadores privados de menor escala.
No es YPF vendiendo activos lo que sorprende — eso ya es un proceso conocido. Lo que merece lectura política es quién está del otro lado del mostrador, comprando, apalancando y consolidando.
El esquema tiene una lógica financiera prolija: Liminar prestó, la subsidiaria compró los yacimientos, y ahora el mercado de capitales —vía Crown Point cotizando en Toronto— repuso ese capital para que el holding argentino pudiera seguir moviendo fichas. Es, en los hechos, una forma de fondear expansión productiva en Chubut usando una estructura societaria canadiense como vehículo de acceso a inversores internacionales, sin perder el control real en manos argentinas. Para una provincia que discute permanentemente cómo capitalizar sus recursos sin regalarlos, no es un dato menor.
Pero el trasfondo que le interesa a la política chubutense no es la ingeniería financiera sino la continuidad de un fenómeno que ya viene de arrastre: la salida ordenada —o no tan ordenada— de YPF de sus áreas maduras en la cuenca, y la consolidación de esos activos en manos de jugadores medianos que apuestan a exprimir la última gota de producción de pozos con décadas de historia. El tironeo entre el gobierno de Ignacio Torres y los intendentes de Comodoro por la distribución de esas transferencias de áreas ya había puesto en la mesa preguntas sobre regalías, empleo y continuidad operativa. Cada nueva transacción sobre esos mismos yacimientos reabre las mismas preguntas, aunque esta vez el protagonista no sea la petrolera estatal sino un holding privado que ya tenía pie en la cuenca.
La pregunta de fondo para Chubut no es si Liminar es un buen o mal operador —no hay elementos hoy para juzgarlo—, sino qué garantías institucionales existen para que la concentración de áreas maduras en manos de actores con escala financiera reducida no termine, dentro de algunos años, en pozos abandonados y pasivos ambientales sin responsable claro. La provincia ya conoce ese guion. Cuando las grandes petroleras se retiran y llegan operadores más chicos a extraer los últimos barriles rentables, el sostenimiento del empleo y el cuidado del subsuelo dependen de una fiscalización provincial que, hasta ahora, no ha dado señales de estar a la altura de la velocidad con la que cambian de mano estos activos.
Liminar profundizó su apuesta. Eso, en sí mismo, es una noticia de mercado. Que lo haya hecho apalancando activos que fueron de YPF en el corazón productivo de Comodoro Rivadavia es, en cambio, una noticia que Chubut debería seguir con más atención de la que hasta ahora le ha dado.
💬 Comentarios (0)