El operativo, enfocado en una causa por tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil (MASI), permitió el secuestro de abundante equipamiento tecnológico y armas de fuego.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Cibercrimen, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.
Alertas internacionales y pesquisa local
causa se originó a partir de reportes técnicos emitidos por el Cybertipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). La información remitida por el organismo internacional aportó evidencias clave que permitieron a los investigadores locales rastrear la actividad digital e identificar la presunta autoría del delito.
Con los elementos probatorios reunidos, la magistratura judicial interviniente ordenó el registro de un inmueble ubicado sobre la calle Juan B. Justo de Río Gallegos.
Incautación de tecnología y armamento
Durante la diligencia —que incluyó la inspección de la vivienda, requisas personales y la requisa de vehículos estacionados en el lugar—, el personal policial incautó diversos dispositivos de almacenamiento e imagen de interés para el expediente:
* Equipos informáticos y móviles: teléfonos celulares y notebooks.
* Almacenamiento digital: memorias externas y pendrives de distintas marcas y capacidades.
* Otros dispositivos: adaptadores de tarjetas, una cámara de acción GoPro y un reproductor de streaming Roku.
* Armamento: armas de fuego y municiones de diversos calibres.
El operativo contó con la presencia en el lugar del Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el Director General de Investigaciones, el coordinador de asistencia y asesoramiento del Ministerio de Seguridad, y personal especializado de la División Trata de Personas.
Situación procesal
Tras concretarse las medidas dispuestas por la Secretaría Penal de turno, los implicados fijaron domicilio a disposición de la Justicia provincial y declinaron someterse al examen del médico policial.
La causa continúa abierta y las autoridades abocan sus esfuerzos al peritaje de los dispositivos informáticos secuestrados para determinar el alcance de las maniobras digitales.
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