La designación de José Andrés Bahamonde como síndico de Petrominera Chubut S.E. abrió una polémica que excede lo político y se instala de lleno en el terreno de la legalidad. El nuevo integrante del órgano de fiscalización no es abogado ni contador público. Según trascendió, ni siquiera tendría el secundario completo.
La cuestión no admite interpretaciones. El artículo 1° de la Ley I N.º 129, que rige a Petrominera, establece que la empresa se rige por la Ley General de Sociedades. Esa norma, en su artículo 285, fija los requisitos para ser síndico: ser abogado o contador público con título habilitante, o una sociedad civil formada exclusivamente por esos profesionales. No hay excepciones ni márgenes para la discrecionalidad. Quien no reúne esa condición no puede ejercer el cargo.
Una designación nula y sus consecuencias
Una designación hecha contra lo que la ley exige es nula de pleno derecho. El problema no es solo formal. La sindicatura controla la legalidad de los actos del directorio, revisa los estados contables, dictamina sobre la memoria y el balance y participa de las asambleas. Si quien ocupa ese lugar no está legalmente habilitado, cada acto en el que intervenga queda expuesto a impugnaciones.
Así, el funcionamiento cotidiano de la petrolera estatal queda en riesgo: balances, decisiones societarias y contratos con operadoras podrían ser cuestionados por un vicio de origen que era perfectamente evitable.
¿Por qué él?
La pregunta es inevitable. En una provincia con cientos de abogados y contadores matriculados, muchos con experiencia en derecho societario y en el sector energético, ¿qué necesidad había de recurrir a una persona que no cumple los recaudos mínimos que fija la ley? ¿Así se piensa defender el patrimonio de una empresa que administra participaciones en áreas hidrocarburíferas estratégicas para el Chubut?
El síndico es, en definitiva, el guardián de la legalidad dentro de la sociedad. Elegir para esa función a alguien que no está habilitado para ejercerla no es un detalle administrativo. Es una señal preocupante sobre la importancia que se le asigna al control.
El silencio de la Legislatura
Cuesta creer que los legisladores que dieron su aval hayan convalidado semejante ilegalidad. En la Legislatura hay abogados y hasta constitucionalistas que conocen la Ley de Sociedades y saben qué exige para el cargo. Aun así, la designación avanzó. La pregunta queda planteada: ¿nadie leyó la norma o se decidió mirar para otro lado?
Vale aclarar que la oposición no acompañó la designación. Fueron otros los votos que permitieron que un nombramiento contrario a la ley llegara a concretarse, y serán ellos quienes deberán dar explicaciones si los actos de la sindicatura terminan siendo impugnados.
Mientras tanto, Petrominera queda con un órgano de control cuya legitimidad está en duda, y el patrimonio de todos los chubutenses, expuesto a las consecuencias.
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