Hay gestiones que se desgastan por las obras que no llegan. La de Matías Taccetta empezó a mostrar su flanco más incómodo por un expediente administrativo: el que respalda la contratación de una consultora de afuera para escribir el plan turístico de la ciudad.
El Tribunal de Cuentas de Chubut intimó a funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Esquel a responder requerimientos pendientes vinculados con la contratación de Economía y Regiones S.A., en el marco del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Esquel 2030. La medida se instrumentó mediante las Resoluciones N° 163/26 y 164/26, dictadas dentro de la Actuación N° 1.862/2026 del organismo, con sede en Rawson.
El dato que ordena toda la historia es un silencio: según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial provincial, el municipio no respondió a dos pedidos de informes. Recién entonces el Tribunal fijó un plazo de 15 días para que las autoridades presenten las respuestas y la documentación requerida.
Quiénes quedaron alcanzados
La Resolución N° 163/26 intima al intendente Matías Taccetta y al secretario general de Intendencia, Juan Ripa. La N° 164/26 alcanza además a la secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, María Florencia Garzonio; al secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Ricardo Braga Beatove; al exsecretario de Turismo, Deporte y Cultura, Mariano Riquelme; y al exsecretario general de Intendencia, Gustavo Simieli.
La versión de ADNSUR agrega otro nombre a la escena: la intimación apunta también al presidente del Ente Mixto de Turismo, Walter Torres, por esquivar los pedidos formales de documentación. El dictamen advierte que un nuevo incumplimiento derivará en multas personales previstas en la Ley V N° 71, y que de persistir la falta de datos se avanzará con la determinación de partidas ilegítimas para su cobro a favor del fisco municipal, afectando el patrimonio de los propios responsables.
No es una advertencia menor. El organismo señala que el procedimiento puede derivar en resoluciones interlocutorias o definitivas vinculadas con la desaprobación de la cuenta.
Quién es Economía y Regiones
Acá conviene detenerse, porque la firma elegida por el municipio de Esquel no es una consultora anónima: es una marca con historia política.
Economía & Regiones fue fundada en enero de 2000 por Rogelio Frigerio —el mismo que años más tarde sería ministro del Interior de Mauricio Macri y que hoy gobierna Entre Ríos—, que la condujo hasta 2011, cuando se retiró para asumir como legislador porteño por el PRO. La consultora quedó después en manos del economista Diego Giacomini, y con el correr de los años cambió de dueños.
Sobre su composición societaria actual, la información con la que cuenta este medio indica que entre sus propietarios figuraría un comerciante comodorense, que integraría el directorio de la sociedad. El dato —que no surge de registros públicos accesibles y que aún debe corroborarse en la documentación societaria— dibujaría un mapa distinto al que se presentó en Esquel: no ya una consultora “internacional” traída desde Buenos Aires, sino una firma con al menos un accionista de la propia provincia.
La pregunta que se abre es sencilla y sigue sin respuesta oficial: ¿qué antecedentes acredita en planificación de destinos turísticos una consultora nacida para hacer análisis macroeconómico y fiscal de las provincias argentinas?
Qué se contrató, y quién iba a hacerlo
Ese es, exactamente, el nudo del expediente. Ni la encomienda ni el respaldo técnico de la firma quedaron claros, y esa opacidad es lo que activó al órgano de control. Lo que el Tribunal reclama son precisiones sobre los números, los alcances y las condiciones financieras del acuerdo: las tres preguntas básicas que cualquier contratación debería tener contestadas antes del primer pago, no después.
La duda sobre la idoneidad no es una lectura periodística, es un planteo formal en la Legislatura. La diputada provincial Norma Arbilla cuestionó la contratación directa de la firma y pidió precisiones sobre los marcos legales utilizados, los montos involucrados y la capacidad técnica de la empresa para llevar adelante el plan.
El hilo que sube hacia Rawson
La contratación tiene una dimensión provincial que el propio intendente reconoció. Taccetta explicó que, por cuestiones impositivas, el municipio no podía contratar de manera directa a una consultoría internacional y que por eso se solicitó el acompañamiento de la Provincia.
Ese acompañamiento es hoy una de las zonas más oscuras del caso: no está público con qué instrumento legal se canalizó, qué organismo provincial intervino ni bajo qué norma. Y no sería la única puerta por la que la firma entró al Estado chubutense. Arbilla solicitó explicaciones a los ministerios de Familia y de Turismo de la provincia y puso el foco en las contrataciones realizadas por distintos organismos a una misma consultora para tareas de diferente naturaleza.
Una misma empresa, trabajos de rubros distintos, varios organismos. El patrón que describe la legisladora es el que suele preceder a los escándalos de contrataciones en cadena.
El Concejo Deliberante sí intervino
El cuerpo legislativo local llegó antes que el Tribunal. En agosto de 2025, el concejal Martín Escalona presentó un pedido de informes para conocer el origen, los montos y el circuito administrativo del Plan Estratégico de Turismo. Planteó dudas sobre el monto total y el mecanismo utilizado: según sus declaraciones, “se pretendía pagar en cuotas para saltear la licitación”.
La cifra que circuló entonces fue de $400 millones.
¿Hay causa penal?
No hay, hasta el cierre de esta nota, una investigación penal preparatoria confirmada públicamente que tenga por objeto específico este contrato. Pero hay una frase del propio intendente que merece seguimiento: en agosto de 2025, al defender la contratación, Taccetta afirmó que ya había elevado al Concejo Deliberante la misma información que había solicitado la justicia.
Es decir: por dicho del propio jefe comunal, el Poder Judicial ya había pedido documentación sobre este expediente hace más de un año. Qué fiscalía lo requirió, en el marco de qué legajo y en qué estado está hoy son preguntas todavía sin respuesta pública. El antecedente inmediato es la denuncia penal que Escalona presentó en mayo de 2025 contra Taccetta por presuntas dádivas y cohecho, vinculada a un viaje a México financiado por particulares.
La defensa
Taccetta no se corrió del tema en su momento. Sostuvo que se trata de una herramienta cara pero necesaria, reclamada por el sector turístico desde hace más de veinte años, y reivindicó la transparencia de su gestión: aseguró que todo está publicado en la web, del boletín oficial a la ejecución presupuestaria, y que si la contratación se conoció fue justamente porque estaba a la vista. También acusó a Escalona de una actitud sistemática de oposición y prometió presentar toda la documentación: “No me van a desgastar con carpetazos”.
La promesa quedó a mitad de camino. El Tribunal de Cuentas no reclama transparencia declamada: reclama fojas. Y lleva dos pedidos sin contestar.
El fondo del asunto
El talón de Aquiles de Taccetta no es el plan de turismo, que puede ser bueno o malo, útil o decorativo. Es el expediente. Un intendente contador, que hizo de la prolijidad administrativa parte de su capital político, quedó intimado por no exhibir los papeles de una contratación millonaria, directa, a una firma nacida como consultora macroeconómica de un dirigente del PRO hoy gobernador, con encomienda difusa, expertise cuestionada y una composición societaria que nadie explicó, canalizada con ayuda de la Provincia por razones que tampoco se detallaron.
Quedan quince días. Lo que se juega ya no es solo el plan 2030: es si las cuentas del municipio se aprueban o si seis funcionarios y exfuncionarios terminan respondiendo con su propio patrimonio.
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