El canguro rojo y los canguros grises, hoy considerados entre los mamíferos terrestres de gran tamaño más numerosos del planeta, superan largamente los treinta millones de ejemplares en los cinco estados que habilitan su aprovechamiento comercial.
La respuesta de Canberra no fue prohibir ni mirar para otro lado: fue construir, con paciencia institucional, un sistema de cupos de caza fijados anualmente en base a censos poblacionales, licencias estrictas para cazadores, protocolos de bienestar animal y una cadena de valor completa —carne, cuero y piel— con destino de exportación.
El resultado, más allá de las objeciones que sostienen grupos animalistas desde hace años, es un modelo que combina tres objetivos que rara vez conviven con facilidad: control poblacional efectivo, ingreso genuino para el sector rural y sostenibilidad verificable de la especie.
Ninguna de las variables se resolvió de un día para el otro. El sistema australiano se apoya en organismos estatales de fauna, en universidades y en tres décadas de monitoreo que permiten fijar cupos —este año, del orden de cinco millones de animales sobre una población de casi treinta y siete millones— con un margen de confianza que hoy nadie discute seriamente en el plano técnico.
El guanaco, el mismo problema con treinta años de atraso regulatorio
La Patagonia argentina enfrenta una versión casi calcada del dilema australiano, aunque con una diferencia central: el marco normativo llegó tarde y, durante mucho tiempo, fue en la dirección contraria.
La población de guanacos silvestres creció de manera sostenida en las últimas décadas —con estimaciones de expansión de varios cientos por ciento en los últimos quince años en algunas zonas— al punto de convertirse en el problema cotidiano que describen productores de Chubut y Santa Cruz: competencia directa con el ganado ovino por forraje y agua, presión adicional sobre un sistema productivo ya golpeado por la desertificación y tres décadas de precios de la lana en baja.
La respuesta institucional, sin embargo, fue la opuesta a la australiana durante casi treinta años. La suspensión de exportaciones recomendada por CITES en 1993 y ratificada por la entonces Secretaría de Recursos Naturales en 1998 clausuró cualquier salida comercial seria para la fibra o la carne de guanaco, dejando a los productores patagónicos sin ninguna herramienta económica frente a un recurso que, paradójicamente, tienen en abundancia.
El giro reciente
La actualización normativa nacional de 2024 —que habilitó el tránsito interprovincial de guanacos vivos y reabrió la puerta a la exportación de carne y fibra— empezó a mostrar resultados concretos: Santa Cruz faenó más de diez mil ejemplares en 2025 y generó unos ochenta puestos de trabajo rurales directos.
En Chubut, la Estancia La Rosa y el CONICET vienen desarrollando protocolos de esquila en silvestría —arreo, encierre, esquila y liberación— que ya arrojaron experiencias exitosas en Santa Cruz, con lotes de fibra de calidad exportable.
Un proyecto de ley para el aprovechamiento sustentable e integral del guanaco, con planes de manejo y protocolos de bienestar animal, espera tratamiento en la Legislatura chubutense.
La comparación con Australia no es antojadiza: en ambos casos se trata de especies nativas protegidas, con poblaciones que la propia geografía y la retracción de la actividad ganadera tradicional dejaron crecer sin control natural suficiente, y en ambos casos la salida encontrada no es la prohibición sino el aprovechamiento regulado.
La diferencia es que Australia lleva treinta años de recorrido —con sistema de trazabilidad, cupos anuales basados en censos, mercados de exportación consolidados y una industria que da trabajo formal en zonas rurales— mientras que Chubut y sus provincias vecinas recién están armando el andamiaje institucional que permitiría replicar ese modelo a escala.
El guanaco no es un problema a resolver: es un activo patagónico que estuvo treinta años fuera de la ecuación productiva por decisión regulatoria, no por incapacidad biológica de la especie.
Lo que el modelo australiano puede —y no puede— enseñar
Copiar el esquema australiano sin matices sería un error.
El canguro tiene una cadena de comercialización global consolidada desde hace medio siglo, con mercados de cuero técnico —la célebre “k-leather” usada en calzado deportivo de alta gama— que hoy enfrentan además un riesgo no menor: marcas como Nike y Puma anunciaron el retiro progresivo del cuero de canguro por presión de campañas animalistas, y en el Congreso de Estados Unidos circulan proyectos para prohibir directamente su importación.
Es una advertencia útil para cualquier política de aprovechamiento de fauna silvestre: los mercados de destino pueden ser tan volátiles como la propia biología de la especie, y una estrategia productiva construida sobre un solo nicho de exportación queda expuesta a decisiones que se toman lejos de la Patagonia.
Lo que sí es trasladable, y es exactamente lo que Chubut tiene pendiente, son los pilares institucionales del modelo: monitoreo poblacional serio y sostenido en el tiempo, cupos de manejo fijados con criterio científico y no discrecional, trazabilidad de origen para dar garantías a mercados exigentes, y protocolos de bienestar animal que le quiten al debate público el flanco más fácil de atacar.
La fibra de guanaco, además, tiene una ventaja que el canguro australiano no tiene: se obtiene por esquila en vivo, sin faena, lo que la acerca más al modelo de la vicuña —una de las historias de éxito en materia de aprovechamiento sostenible de fauna silvestre en Sudamérica— que al de la caza comercial propiamente dicha.
La ventana que se abrió con la habilitación nacional de 2024 y que las experiencias piloto en Santa Cruz y Chubut ya empezaron a transitar no va a mantenerse abierta indefinidamente si no se traduce en política de Estado provincial: ley sancionada, autoridad de aplicación con capacidad técnica real y un plan de manejo que no dependa de la buena voluntad de un puñado de productores pioneros.
Australia tardó tres décadas en construir un sistema que hoy nadie discute. Chubut tiene la ventaja de no tener que inventar el modelo desde cero, pero corre con la desventaja de haber perdido treinta años de aprendizaje institucional que hoy podrían estar convertidos en empleo rural, en divisas genuinas y en un manejo ambiental más racional de un recurso que, lejos de ser una plaga, es un patrimonio biológico patagónico.
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