Hay una pregunta que Comodoro se hace desde hace décadas y nunca termina de responder: si es la ciudad que más dinero genera y más dinero recibe de toda la Patagonia central, ¿por qué sigue teniendo los mismos problemas estructurales que tenía en los años ochenta?
Zona norte sin pluviales. Barrios enteros esperando cloacas. Un sistema de agua que colapsa cada vez que se rompe un caño a 40 kilómetros de la ciudad. Calles que se convierten en ríos cada vez que llueve fuerte.
La respuesta no está en la falta de recursos. Está en cómo se usaron.
Los números de una ciudad rica
El Concejo Deliberante aprobó en diciembre un presupuesto municipal de 305.000 millones de pesos para 2026. En agosto, el Ejecutivo pidió una ampliación de 25.000 millones más, un 8% adicional, con lo que el año cerrará en torno a los 330.000 millones.
Al tipo de cambio actual, hablamos de un municipio que administra unos 215 millones de dólares por año para una ciudad de poco más de 200.000 habitantes.
Ese presupuesto no depende solamente de la tasa de comercio o del impuesto inmobiliario. Descansa sobre algo mucho más potente: la renta hidrocarburífera.
El cálculo oficial para 2026 estimaba unos 32.000 millones de pesos solo en concepto de regalías petroleras —el número que se usó como base para crear el nuevo Fondo Municipal para la Diversificación Productiva, que se integra con el 7% de esos ingresos en el primer año, el 14% en el segundo y el 21% en el tercero—.
Y hay más. En el pedido de ampliación presupuestaria de agosto, el propio municipio explicó de dónde saldrían los recursos: 17.500 millones de pesos provendrían de aportes extraordinarios vinculados a la renta petrolera —regalías, fondos adicionales de la Ley de Hidrocarburos y el convenio con Pan American Energy—, potenciados por un barril sostenido por encima de los 80 dólares cuando el presupuesto se había armado con un supuesto de 65.
Traducido: cuando el petróleo acompaña, a Comodoro le sobra plata respecto de lo que proyectó. Y el petróleo, en la cuenca del Golfo San Jorge, viene de acompañar.
Lo que se viene: PAE, el RIGI y un flujo garantizado por 35 años
Acá está el dato que cambia la ecuación.
En abril de 2025, la Legislatura del Chubut ratificó el acuerdo por el cual PAE reconvirtió Cerro Dragón en concesión no convencional.
El convenio incluye un bono de ingreso de 90 millones de dólares por la extensión de la concesión por 35 años, regalías diferenciadas del 9% para el gas no convencional y un compromiso de inversión de 250 millones de dólares en el plan piloto.
Un año después, en mayo de 2026, la compañía anunció que presentará al RIGI un proyecto de recuperación terciaria por casi 680 millones de dólares: 22 plantas de inyección de polímeros, unos 220 pozos inyectores y alrededor de 650 productores.
El propio anuncio corporativo lo dice sin vueltas: el proyecto sumará mayores ingresos por regalías asociadas a la producción incremental.
A eso hay que agregarle los 25 millones de dólares que YPF debe pagar como compensación extraordinaria y que —por la ley sancionada en la Legislatura— deben destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad y saneamiento dentro de Comodoro Rivadavia.
Ninguno de estos números es una promesa vaga. Son compromisos firmados, ratificados por ley y con horizonte de décadas.
En el lenguaje de cualquier banco multilateral, eso se llama flujo previsible. Y un flujo previsible es exactamente lo que se necesita para estructurar una garantía.
Cómo se financian, en el mundo, las obras que cambian una ciudad
Ninguna ciudad del planeta construyó su red troncal de desagües, su sistema de agua o su red vial pagándola con la recaudación de un ejercicio.
Se financian con crédito de largo plazo, porque una obra que va a servir durante cincuenta años no puede pagarla una sola generación de contribuyentes.
Ese es el principio básico de la regla de oro fiscal: gasto corriente con recursos corrientes, inversión de capital con deuda.
El ejemplo está a la vista y es de manual.
La obra del nuevo acueducto entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso —licitación pública internacional abierta en agosto, presupuesto oficial superior a los 110 millones de dólares, 24 meses de plazo— se financia con un crédito de la CAF de hasta 150 millones de dólares a 18 años, con 66 meses de gracia y garantía del Estado nacional.
Nadie sacó esa plata de la caja chica. Se estructuró un préstamo blando de largo plazo, se garantizó y la obra se licitó.
La diferencia es que ese crédito lo tomó la Provincia. Comodoro miró.
Vale recordar, además, que el propio gobernador Ignacio Torres planteó públicamente la posibilidad de que la Provincia absorba parte del cupo de deuda de los municipios que tienen obras de escala y no pueden afrontarlas, para que puedan apalancarse con las mismas tasas bajas a las que accede el Estado provincial.
Mencionó, textualmente, obras de pluviales para Comodoro Rivadavia.
Y agregó una advertencia que conviene subrayar: los municipios mejor administrados tendrán acceso a mejor financiamiento.
El déficit que no se ve en el balance
Comodoro tiene un déficit estructural que no figura en ninguna planilla de la Secretaría de Economía, porque no es financiero: es de infraestructura.
Es el conjunto de obras que nunca se hicieron y que se acumulan como una deuda invisible con los vecinos.
El municipio tiene identificado el problema.
El proyecto “Sistema de Desagües Pluviales” contempla seis obras de gran escala, con proyecto ejecutivo terminado —el requisito técnico indispensable para golpear la puerta de cualquier organismo internacional—.
La búsqueda de financiamiento nacional o internacional está planteada desde 2025.
Lo que falta no es el diagnóstico. Falta la decisión política de dar el paso.
La contracara incómoda
Sería deshonesto contar solo la mitad.
La ampliación presupuestaria de agosto muestra el problema de fondo con crudeza: de los 25.000 millones adicionales, 20.000 millones —el 80%— se destinan a sostener el transporte público y la recolección de residuos.
Y la contracara de esa reasignación fue una reducción neta de unos 1.900 millones de pesos en Obras Públicas.
Es decir: la ciudad está recortando capital para financiar gasto corriente. Y en paralelo, prorrogó la emergencia financiera y administrativa.
Ese es, precisamente, el argumento más fuerte a favor de separar los tándems.
Mientras la obra pública compita en la misma caja que el subsidio al colectivo, la obra pública siempre va a perder.
La única manera de blindarla es sacarla de ahí: estructurar un programa de inversión de largo plazo, con financiamiento propio, plazos de repago que superen los mandatos políticos y una garantía afectada específicamente —regalías, el flujo del convenio con PAE, el bono de ingreso de la reconcesión— que no dependa del humor presupuestario de cada año.
El momento
Comodoro tiene hoy tres cosas que rara vez coinciden: proyectos ejecutivos terminados, un ciclo de precios del crudo favorable y un horizonte de inversión privada comprometido por contrato durante 35 años en el yacimiento que sostiene su economía.
Con esos tres elementos, la ciudad está en condiciones de sentarse a discutir crédito de largo plazo con la CAF, el BID, el Banco Mundial o el mercado de capitales local, como ya lo hacen la Provincia del Chubut y prácticamente todos los distritos petroleros del país.
La pregunta ya no es si hay plata.
La plata está, y está a la vista en cada línea del presupuesto.
La pregunta es si esta generación de dirigentes va a ser la primera en animarse a hipotecar una parte de esa renta para dejarle a la ciudad algo que dure más que un mandato.
Porque el crédito no tomado también se paga. Se paga cada vez que llueve.
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