El Gobierno de Tierra del Fuego trabaja en una revisión de su legislación provincial con el objetivo de poner límites a distintas operaciones relacionadas con la logística que abastece a las Islas Malvinas.
La iniciativa contempla dos líneas principales. Por un lado, se busca establecer una prohibición específica para el ingreso de buques petroleros de bandera británica a los puertos fueguinos. Por otro, la provincia analiza aplicar sanciones económicas a las operaciones comerciales vinculadas con el corredor marítimo que conecta Punta Arenas, en Chile, con las Islas Malvinas.
El antecedente del petrolero que llegó a Ushuaia
Uno de los principales motivos que impulsaron la revisión normativa fue el arribo del buque VS Promise al puerto de Ushuaia. Se trata de un petrolero de gran porte, con bandera británica y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de petróleo.
Antes de ingresar al puerto fueguino, la embarcación había operado en la zona de Río Cullen. Su presencia generó cuestionamientos debido a su vinculación con la logística de apoyo al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
Desde Argentina se considera ilegal la explotación hidrocarburífera desarrollada en aguas disputadas y bajo ocupación británica.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, explicó que la provincia está revisando las normas vigentes para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Según indicó, hasta el momento no existía una legislación específica que prohibiera el ingreso de este tipo de embarcaciones.
Además, señaló que el gobernador pidió revisar tanto el marco normativo provincial como las disposiciones nacionales para prevenir nuevas operaciones que puedan afectar los intereses argentinos vinculados con la cuestión Malvinas.
Las autoridades de Hidrocarburos también analizan el procedimiento que permitió la llegada del buque. En caso de detectar incumplimientos o irregularidades por parte de las empresas o actores involucrados, se anticipó que podrían adoptarse las medidas correspondientes.
También buscan intervenir sobre la ruta entre Punta Arenas y Malvinas
El segundo eje de la iniciativa está relacionado con el creciente movimiento comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
La discusión tomó mayor relevancia luego de conocerse un acuerdo comercial impulsado por sectores empresariales de la ciudad chilena, junto con la corporación de desarrollo de las islas y la naviera Eastern Island.
El proyecto contempla establecer un puente marítimo destinado al abastecimiento permanente de víveres, insumos y materiales para las Malvinas.
De acuerdo con la información publicada, ese circuito comercial apunta a captar un mercado estimado en unos 20 millones de dólares anuales, que actualmente tiene a Montevideo como uno de sus principales puntos de abastecimiento.
Ante este escenario, Tierra del Fuego analiza utilizar sus facultades sobre las aguas jurisdiccionales para establecer sanciones económicas vinculadas con el uso de infraestructura destinada al abastecimiento de las islas.
La estrategia también contempla recurrir al Decreto 256/2010, que establece la necesidad de contar con autorización previa del Estado argentino para los buques que naveguen entre puertos del continente y las Islas Malvinas, o que atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
Dachary explicó que la intención es determinar legalmente cómo puede encuadrarse el uso de infraestructura vinculada con el abastecimiento de las islas y, a partir de allí, establecer sanciones que permitan desalentar este tipo de operaciones.
El objetivo: aumentar los costos de la actividad británica
Desde Tierra del Fuego sostienen que el recorrido marítimo atraviesa diferentes sectores bajo jurisdicción argentina. Según explicó Dachary, las embarcaciones que parten desde la zona oriental del Estrecho de Magallanes atraviesan primero aguas jurisdiccionales de la provincia, luego Mar Argentino y, al aproximarse a las Malvinas, vuelven a ingresar en aguas territoriales de Tierra del Fuego.
Para el funcionario, la existencia de una estructura logística que facilite el abastecimiento contribuye también a reducir los costos de la explotación petrolera vinculada al proyecto Sea Lion.
Por ese motivo, la provincia busca avanzar con herramientas legales que permitan encarecer y dificultar la logística asociada a la presencia británica en las Islas Malvinas, en línea con el reclamo argentino de soberanía y con el objetivo de promover una nueva instancia de negociaciones.
Fuente: La Opinión Austral.
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