La disputa entre Torres y la Municipalidad de Comodoro por los bienes de YPF no es un accidente institucional. Es la consecuencia previsible de años de omisiones, y la señal de algo más profundo: quién decide el futuro de una ciudad que construyó su identidad sobre el petróleo.
Cuando YPF decidió transferir sus tierras e inmuebles en Comodoro Rivadavia al Gobierno del Chubut, no firmó apenas un convenio administrativo. Abrió una herida que llevaba años supurando en silencio. El patrimonio en disputa —edificios históricos, clubes barriales, terrenos estratégicos, el emblemático edificio del KM. 3— no es solo un conjunto de metros cuadrados con valor inmobiliario. Es el depósito material de más de un siglo de historia petrolera, construido con el esfuerzo de generaciones de comodorenses que apostaron su vida a esta ciudad.
Que esa herencia haya llegado a la Provincia sin que la ciudad tuviera voz ni voto en el proceso no es una torpeza de último momento. Es el resultado de un vacío normativo que nadie se ocupó de llenar a tiempo, y de una decisión corporativa —la de YPF y su directorio— que eligió la salida más expeditiva antes que la más justa.
El gobernador Ignacio Torres reaccionó con rapidez y con una lectura política que no carece de lógica: garantizar por ley que los bienes lleguen directamente a instituciones locales —clubes, asociaciones, vecinos que regularizarán sus tierras— y no al erario municipal. "Vamos a blindar por ley para que lo que ellos incumplieron durante tanto tiempo quede ratificado y sea la ciudadanía de Comodoro la beneficiaria de esos bienes", sostuvo el mandatario. La propuesta tiene mérito: evitar que activos estratégicos queden atrapados en la burocracia o, peor, en disputas de poder de corto plazo.
Pero la forma importa tanto como el fondo. El intendente Othar Macharashvili, el senador Carlos Linares y el diputado Juan Pablo Luque tienen razón en señalar que Comodoro no fue consultada. Que el Municipio se enteró "entre gallos y medianoche", según la expresión del propio Luque, no es un detalle procedimental: es una señal de cómo se construye —o se destruye— la confianza institucional entre la Provincia y su ciudad más grande.
El conflicto, en su superficie, parece una pelea entre torres del peronismo y del PRO por la administración de un patrimonio millonario. Y lo es, en parte. Pero reducirlo a eso sería un error. Lo que está en juego es algo bastante más trascendente: el modelo de gestión con el que Comodoro va a enfrentar la era post-YPF. Una ciudad que durante más de cien años organizó su economía, su urbanismo y su vida social alrededor de la empresa petrolera estatal debe ahora reinventarse. Y los activos que YPF deja atrás son, quizás, los recursos iniciales de esa reinvención.
La pregunta que nadie está formulando con suficiente claridad es: ¿qué ciudad queremos construir con este patrimonio? Torres habla de clubes y familias. Macharashvili habla de soberanía municipal. Luque habla de historia y de deuda. Todos tienen algo de razón. Pero ninguno ha presentado todavía un plan integral que responda a la pregunta más dura: ¿cómo evitar que esos bienes terminen siendo distribuidos con criterio clientelar, cualquiera sea el nivel del Estado que los administre?
Porque ese es el riesgo real. No que los bienes queden en manos de la Provincia o del Municipio, sino que queden en manos de la política —en el peor sentido de la palabra— sin que la ciudadanía tenga control efectivo sobre su destino.
La propuesta del gobernador de legislar el destino de los activos merece ser tomada en serio, pero también sometida a un debate genuino. Una ley que defina con precisión los criterios de cesión, los destinatarios prioritarios y los mecanismos de control ciudadano sería un avance real. Pero esa ley debería construirse con la Municipalidad, no contra ella. Y debería involucrar a los propios comodorenses, que son en definitiva quienes —como bien dice el gobernador— deberían ser los dueños de esta decisión.
Comodoro tiene frente a sí una oportunidad histórica y una trampa política. La oportunidad es recuperar un patrimonio que le pertenece y usarlo para construir infraestructura social, deportiva, cultural y habitacional de largo plazo. La trampa es convertir esa disputa en otro capítulo de la guerra entre Provincia y Municipio, diluyendo en el conflicto los recursos que la ciudad necesita para transformarse.
Pero esta discusión no puede agotarse en los bienes inmuebles. Lo que revela el conflicto actual es una falla estructural más profunda: la Patagonia nunca desarrolló un modelo serio de gestión de sus recursos naturales que trasladara riqueza hacia el futuro. Durante décadas, el petróleo financió presupuestos, sostuvo empleos y generó regalías, pero no construyó fondos de largo plazo, no diversificó economías locales ni estableció mecanismos de reinversión territorial. Noruega lo hizo con su petróleo. Alaska también, a su manera. Chubut —y Comodoro en particular— no.
Los errores del pasado tienen nombres concretos: regalías que se consumieron en gasto corriente sin dejar activos; pasivos ambientales que nadie quiso cuantificar hasta que se volvieron imposibles de ignorar; un modelo de enclave que benefició a la empresa y al Estado nacional mucho más que a la ciudad que puso el suelo, el agua y los pulmones. La salida de YPF no es solo el final de un ciclo productivo: es la factura de décadas de extracción sin planificación.
Si hay alguna lección que debería emerger de este conflicto —más allá de la disputa por edificios y terrenos— es que Chubut necesita un pacto nuevo sobre sus recursos naturales. Uno que establezca con claridad qué porción de la renta extractiva debe destinarse a fondos intergeneracionales, qué mecanismos garantizan que las comunidades afectadas participen de las decisiones, y qué criterios impiden que el próximo ciclo —sea minero, gasífero o de energías renovables— termine igual que este: con una ciudad mirando cómo se van los recursos y quedándose con los pasivos. El litio, el viento, el gas no convencional ya están llamando a la puerta. La pregunta es si esta vez habrá alguien que haya aprendido algo.
YPF se fue. El petróleo seguirá siendo parte de la economía regional por años, pero la era del paternalismo petrolero estatal terminó. Lo que viene después depende de decisiones que se toman ahora. Y si algo enseña la historia de Comodoro —una ciudad que nació del petróleo y sobrevivió a todas sus crisis— es que la mejor herencia no es la que se hereda: es la que se construye.
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