El 16 de agosto, el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut confirmó en sus redes lo que en la cuenca ya se comentaba: los trabajadores del equipo Y201 de AESA pasaban a Venver. Detrás de ese trámite había una noticia mayor. Venver sería la empresa que pondría el primer perforador de PECOM en Manantiales Behr, el yacimiento convencional más importante de la provincia.
El anuncio original decía junio. Llegó, definido, dos meses y medio tarde.
Y llegó de una manera que conviene leer con atención: el equipo que va a encarnar la reactivación no se sumó a los que había, se armó con la gente de uno que se iba. Hasta esa fecha, PECOM sostenía toda su campaña de perforación en Chubut con un único perforador activo, el de Venver en Cañadón Perdido.
Faltan cuatro meses para el cierre del ejercicio. Y por primera vez en dos años, la discusión sobre PECOM deja de ser interpretativa y pasa a ser aritmética.
Cinco cosas que se van a poder contar en diciembre
La empresa, el Gobierno provincial y el gremio fijaron sus propias varas. No hace falta discutirlas: alcanza con anotarlas.
UNO: si el equipo de Venver efectivamente perfora en Manantiales Behr.
DOS: cuántos de los 28 pozos comprometidos para este año en Cañadón Perdido —nueve inyectores y diecinueve productores— quedan terminados.
TRES: si la cuarta planta de inyección de polímeros, en construcción en esa misma área, entra en operación.
CUATRO: si aparece en las estadísticas oficiales el 20 % de aumento de producción que la compañía prometió para el cierre de 2026.
CINCO: si la nómina petrolera de la cuenca deja de caer.
El Ministerio de Hidrocarburos agregó una SEXTA más ambiciosa: nueve equipos perforadores activos en la provincia a fin de año, contra los seis que había en mayo.
“Esto nos va a permitir cerrar el año con una cantidad de pozos perforados que no se registraban desde 2019”, dijo el gobernador Ignacio Torres.
Son seis números verificables. En enero no va a haber margen para el matiz.
La contabilidad que se muerde la cola
El obstáculo para evaluar a PECOM nunca fue la falta de cifras. Fue el exceso.
La compañía volvió al upstream en octubre de 2024, tras dos décadas afuera, quedándose con El Trébol – Escalante y con Campamento Central – Cañadón Perdido —este último al 50 % con Enap Sipetrol— en el marco del desprendimiento de áreas maduras que ejecutó YPF bajo el Plan Andes.
El primer número que circuló fue de 200 millones de dólares. Después vinieron los 204 millones atados al decreto de regalías de abril de 2025. Los 180 millones del programa 2026, anunciados en febrero: 70 de inversión y 110 de gasto operativo. Los 110 millones de Manantiales Behr, en mayo.
Y tres semanas más tarde, durante la visita de Luis Pérez Companc a la provincia, una cifra nueva que volvía a empezar de cero: “más de 200 millones para los próximos dieciocho meses”.
Cada anuncio reabsorbe al anterior, cambia el perímetro y reinicia el reloj.
Sumarlos infla. Tomarlos de a uno, subestima.
Lo único comparable es el orden de magnitud, y ahí la referencia es incómoda: YPF invirtió 290 millones de dólares en Chubut en 2022 y 310 millones en 2023.
El nuevo operador del principal activo convencional de la provincia se mueve, en inversión directa anual, en torno a la mitad de lo que ponía el que se fue.
Donde está la plata de verdad
El dato más elocuente no está en el monto sino en la composición.
Frente a los 110 millones de capex comprometidos en Manantiales Behr, PECOM proyecta unos 300 millones de gasto operativo. En Campamento Central, 85 de inversión contra 100 de operación.
Mucha más plata para sostener lo que hay que para crear lo que falta.
En un yacimiento maduro eso tiene un nombre técnico y una consecuencia previsible. Sin perforación sostenida y sin ampliación de la recuperación terciaria, el declino no se revierte: se administra.
Se ordeña el campo, se optimiza el costo por barril, se estira la curva.
Es un negocio legítimo. No es lo que se anunció.
La empresa tiene su contraargumento y hay que ponerlo sobre la mesa.
Informa un 12 % de aumento de producción en El Trébol – Escalante y el Área Central desde que tomó la operación. La tercera planta de polímeros está funcionando. Sus tres áreas suman hoy más de 35.000 barriles diarios.
Nada de eso es humo.
La pregunta es si alcanza para torcer una curva o apenas para aplanarla, y esa respuesta no la da un porcentaje calculado sobre una base deprimida. La dan los pozos nuevos.
Lo que la provincia ya pagó
Suele contarse mal, y conviene decirlo con precisión: la rebaja de regalías no es una gestión en curso ni una pretensión de la empresa. Está firmada desde hace un año y medio.
El Decreto Provincial 325/2025, de abril del año pasado, redujo la alícuota del 12 % al 9 % sobre la producción base y del 12 % al 6 % sobre los volúmenes incrementales en El Trébol – Escalante, por diez años y para toda el área de concesión, en el marco del proyecto de inyección de polímeros del Bloque III.
Derogó el régimen anterior, el Decreto 166/2022, y quedó atado a un plan de inversiones de cumplimiento obligatorio por 204 millones de dólares.
Después se sumaron la eliminación de aranceles a la importación de polímeros y la baja de derechos de exportación, ambas gestionadas por la provincia ante Nación.
Hay que ser justos con la lógica oficial: si el volumen incremental aparece, la recaudación mejora aunque la alícuota baje.
Y hay que ser precisos con la carga real, que en Chubut no es del 12 % sino del 15 %, porque se adiciona el Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable.
Pero la ecuación, traducida, es simple.
El activo se adquirió a precio de campo maduro. El Estado provincial resignó ingresos por una década para hacerlo rentable.
Y la contraprestación —perforar, tomar gente— es exactamente lo que sigue sin verificarse.
La provincia ya cumplió su parte del contrato. La que se audita es la otra.
El rojo que no aparece en los comunicados
Los últimos datos consolidados que circularon, correspondientes al tercer trimestre de 2025, hablan de cerca de 6.000 puestos petroleros destruidos en el Golfo San Jorge en dos años: 2.964 del lado chubutense y 2.948 en el norte santacruceño.
Nadie en la cuenca cree que 2026 haya mejorado ese número.
PECOM no es la causa de todo eso. Tampoco es el antídoto que se prometió.
En la UTE Cañadón Grande finalizó un contrato y desvinculó personal aplicando el artículo 247, con indemnizaciones al 50 %, cuando el esquema pactado para los retiros era del 120 %.
En Manantiales Behr, más de cien trabajadores quedaron bajo un programa de “retiros voluntarios” que los abogados laboralistas de la ciudad describen sin eufemismos como involuntarios.
En Cerro Dragón, 254 trabajadores de su brazo de servicios pasaron a Manpetrol por el artículo 229.
Del otro lado del balance, las incorporaciones se miden en promesas: “más de 100 puestos directos e indirectos” por cada equipo perforador que suba.
El primero de esos equipos tardó dos meses y medio más de lo anunciado y se integró, en buena parte, con la dotación de un equipo preexistente.
Una empresa que en veintidós meses desvinculó más de lo que tomó difícilmente pueda ser presentada como el motor de la reactivación del empleo.
Los fierros que se fueron
Lo llamativo no es que una empresa maximice su ecuación. Es la mansedumbre del entorno.
El mismo sindicato que en febrero de este año declaró el estado de alerta, denunció que “la paz social pende de un hilo por negligencia de la operadora” e intimó a PECOM a presentar un plan de perforación porque la propuesta original no garantizaba pozos, pasó en cuestión de semanas a oficiar de vocero entusiasta de los anuncios.
Las recorridas conjuntas por los yacimientos, las declaraciones sobre la “previsibilidad” que aporta el capital nacional, la validación gremial de cada cifra antes de que exista un pozo nuevo: todo eso construyó un blindaje reputacional que ninguna otra operadora de la cuenca tuvo.
Hay un episodio que resume el mecanismo.
Cuando YPF empezó a retirarse, Jorge “Loma” Ávila reclamó públicamente que las torres quedaran en la región y pidió que pasaran a Petrominera.
“Es inaceptable que, tras más de 100 años de actividad, las operadoras se retiren llevándose toda la maquinaria pesada”, dijo en abril.
Nunca se confirmó una negociación.
En el camino, parte del equipamiento de AESA ya salió rumbo a Neuquén.
El reclamo se hizo. La foto se sacó. Los fierros se fueron.
El Gobierno provincial aportó la otra mitad del paraguas.
“PECOM invierte en Chubut porque Chubut genera clima de negocios”, sintetizó el ministro Federico Ponce.
La frase funciona en las dos direcciones: también explica por qué a PECOM le conviene, por ahora, ser el ejemplo.
El precedente
La cuenca ya vivió esto. En 2016, en 2017, en 2020.
Empresas que llegaron con planes plurianuales, capturaron activos a precio de campo maduro, negociaron beneficios fiscales y esperaron.
Cuando el precio no acompañó, el plan se revisó.
Cuando el plan se revisó, el que pagó fue el trabajador.
Nada de eso está probado en el caso de PECOM.
Puede ser, efectivamente, una transición ordenada y una curva que empieza a torcerse en 2027.
Pero la carga de la prueba ya no está en el anuncio. Está en el pozo.
Y el plazo, esta vez, lo fijaron ellos.
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