El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos al compartir en sus redes sociales un video en el que se somete a un examen toxicológico, conocido popularmente como “narco test”.
El mandatario informó que el resultado fue negativo y destacó que el procedimiento forma parte de una obligación legal que alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.
“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, expresó Figueroa al difundir las imágenes.
Una ley que obliga a los funcionarios a realizarse controles
La medida está contemplada en la Ley Provincial 3531, sancionada en septiembre de 2025 y reglamentada a comienzos de 2026.
La normativa establece controles toxicológicos obligatorios para funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Entre los cargos alcanzados se encuentran gobernadores, ministros, legisladores, jueces, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios y autoridades de organismos públicos y empresas estatales.
El objetivo es establecer mecanismos de control sobre el consumo de determinadas sustancias psicoactivas entre quienes tienen responsabilidades institucionales.
“Debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”
Al comunicar el resultado de su examen, Figueroa sostuvo que el cumplimiento de la ley representa una señal hacia la sociedad.
“Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”, afirmó.
El gobernador también vinculó la iniciativa con las políticas que desarrolla su administración en materia de lucha contra el narcotráfico.
No es la primera vez que el mandatario se somete públicamente a un examen de estas características. Ya había realizado una prueba tras la aprobación de la normativa, con el objetivo de visibilizar su implementación.
Los diputados también comenzaron a realizarse los controles
La Legislatura neuquina comenzó a aplicar los exámenes obligatorios a sus 35 diputados y diputadas provinciales, de acuerdo con el procedimiento establecido para implementar la ley.
De esta manera, la exigencia no queda limitada al Poder Ejecutivo, sino que se extiende a las distintas instituciones del Estado.
La aplicación de la normativa abre, además, el desafío de garantizar procedimientos confiables, resguardar la privacidad de los funcionarios y evitar que los resultados sean utilizados como herramientas de estigmatización o confrontación política.
💬 Comentarios (0)