La Cámara Federal consideró que se trata de "un tema humanitario y prioritario que involucra dos colectivos vulnerables y que, existe, además, un contexto de emergencia carcelaria que amerita efectuar estas recomendaciones".
Los jueces y juezas sostuvieron que la ley 26.472 incorporó la posibilidad de que las mujeres embarazadas y con hijos e hijas menores de cinco años puedan acceder al arresto domiciliario, sin embargo aún existen mujeres "en estado de gravidez" que permanecen detenidas con sus niños.
"Según datos revelados por distintos informes podrían estar enfrentando dificultades para acceder a los derechos de salud e higiene, alimentación, educación y vínculos personales, debido a la falta de suministros y a las deficiencias de infraestructura propias del sistema penitenciario", aseveraron.
La Procuración Penitenciaria identificó como principales problemáticas las deficientes condiciones de alojamiento, las dificultades en el acceso a la atención médica obstétrica y pediátrica, las prácticas abusivas tales como las requisas vejatorias y la falta de contacto con sus vínculos familiares y sociales, entre otras cuestiones.
"El derecho a la libertad constituye la regla general que debe regir durante el proceso, y que la incorporación del catálogo de medidas alternativas al encierro que prevé el nuevo Código Procesal Penal Federal, brinda mecanismos para atender el problema de las mujeres procesadas en estado de gravidez y/o con hijos e hijas en detención preventiva", destacaron.
La acordada fue firmada por los jueces la Angela Ledesma, Ana María Figueroa, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
Los magistrados Eduardo Riggi y Liliana Catucci votaron en disidencia, mientras que Juan Carlos Gemignani no suscribió por encontrarse de licencia.
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