El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de su programa de privatizaciones, que contempla la venta de participaciones estatales en dos importantes centrales termoeléctricas, la concesión de represas hidroeléctricas, la operación de grandes gasoductos y un nuevo intento para desprenderse de Intercargo.
Según informó LA NACION, el Ejecutivo espera obtener más de US$1.000 millones antes de fin de año. El objetivo es utilizar esos recursos para afrontar compromisos de deuda previstos hasta 2027.
Uno de los próximos movimientos será la venta de las participaciones que la empresa estatal Enarsa mantiene en las termoeléctricas Manuel Belgrano, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y José de San Martín, en Timbúes, Santa Fe.
El Estado posee el 65,006% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín. En el Gobierno y entre empresas del sector estiman que podrían ingresar alrededor de US$300 millones por cada participación, aunque el monto definitivo dependerá de los procesos competitivos.
Ambas centrales son ciclos combinados de gran escala y cuentan con una potencia neta de 865 MW cada una. Durante 2024, Manuel Belgrano generó 4452 GWh y utilizó 766 millones de metros cúbicos de gas natural, mientras que José de San Martín produjo 3338 GWh y demandó 540 millones de metros cúbicos.
En las dos sociedades, Enarsa comparte el capital con empresas privadas como Central Puerto, AES Argentina Generación, Enel Generación El Chocón y Pampa Energía, además de otros accionistas minoritarios.
Nuevas concesiones hidroeléctricas
La siguiente etapa contempla cuatro complejos hidroeléctricos cuyos contratos originales, otorgados durante la década de 1990 por un plazo de 30 años, ya vencieron.
Entre ellos se encuentra Futaleufú, en Chubut, además del sistema Diamante, en Mendoza; Río Hondo-Los Quiroga, entre Tucumán y Santiago del Estero; y los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán.
Actualmente, estos emprendimientos funcionan bajo diferentes esquemas transitorios mientras el Gobierno prepara nuevos concursos para definir sus concesiones.
Futaleufú continúa operada por Hidroeléctrica Futaleufú, controlada por Aluar; Diamante está en manos de Hidroeléctrica Diamante, controlada por Pampa Energía; Río Hondo-Los Quiroga permanece bajo la operación de Hidroeléctrica Río Hondo y los complejos tucumanos están a cargo de Hidroeléctrica Tucumán.
También buscan concesionar los grandes gasoductos
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), encabezada por Diego Chaher, trabaja además en un esquema para otorgar nuevas concesiones por 30 años sobre los principales gasoductos operados por Enarsa.
La lista incluye al Gasoducto Perito Moreno, anteriormente denominado Néstor Kirchner; la Reversión del Gasoducto Norte; Mercedes-Cardales; el Gasoducto del Noreste Argentino y el Juana Azurduy.
En conjunto, estos cinco sistemas de transporte representan más de 3100 kilómetros.
El mecanismo podría diferenciarse de una privatización tradicional. La alternativa que analiza el Gobierno es realizar una compulsa nacional e internacional y priorizar, entre otros aspectos, la presentación de una tarifa de transporte competitiva.
AySA y un nuevo intento por Intercargo
La privatización de AySA ya se encuentra formalmente en marcha. El Estado puso a la venta el 90% de las acciones de la empresa mediante una licitación sin precio base.
Tras una prórroga, la presentación de ofertas fue fijada para el 15 de septiembre, fecha en la que también se abrirá la primera etapa del proceso para conocer a los interesados.
El Gobierno calcula que podría obtener alrededor de US$500 millones por la operación. El pliego establece además compromisos de inversión por US$1.940 millones durante los primeros cinco años y hasta US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
En paralelo, el Ejecutivo prepara un segundo intento para privatizar Intercargo, luego de que la primera licitación no recibiera ofertas. En aquella oportunidad se había establecido un precio base de US$45 millones.
El nuevo llamado no tendría precio base. Además, antes de la transferencia, el Tesoro retiraría una parte importante de la liquidez acumulada por la empresa.
Según información oficial presentada ante el Congreso, Intercargo contaba con aproximadamente US$55 millones en activos corrientes, entre efectivo e inversiones líquidas. Una valuación realizada por Deloitte había estimado un valor cercano a US$30 millones.
La necesidad de obtener fondos
Detrás de la aceleración del programa de privatizaciones aparece también una necesidad financiera. De acuerdo con cálculos de Econviews, las necesidades financieras de Argentina para 2027 alcanzarían unos US$24.900 millones, incluyendo US$15.700 millones de capital y US$9.200 millones de intereses.
Para cubrir parte de esos compromisos, el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, contempla distintas fuentes de financiamiento: US$4.200 millones provenientes de organismos internacionales, US$5.000 millones mediante colocaciones en el mercado local y US$1.500 millones provenientes de privatizaciones.
De esta manera, el Gobierno busca acelerar durante los próximos meses la venta y concesión de distintos activos estatales, con las centrales termoeléctricas, las represas, los gasoductos, AySA e Intercargo como algunos de los principales procesos sobre la mesa.
Fuente: LA NACION.
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