Hay una frase que se repite cada vez que se discuten las cuentas del Instituto de Seguridad Social y Seguros: “las jubilaciones están garantizadas”. Es cierto, y conviene decirlo con todas las letras: nadie en Chubut va a dejar de cobrar el mes que viene. La Provincia pone la diferencia y el sistema funciona.
El problema es que esa frase describe el presente y no dice nada del futuro. Y el futuro, en materia previsional, no se improvisa: se define veinte años antes.
El presidente del ISSyS, Miguel Arnaudo, admitió que al sistema previsional le faltan alrededor de $10.000 millones por mes para cubrirse. Es decir, unos $120.000 millones al año a valores constantes. No es plata que el régimen genere: es plata que el Estado provincial le pone encima, todos los meses, para que las cuentas cierren.
Un rojo que no es nuevo y que además crece
El déficit tampoco apareció este año. Según el propio titular del Instituto, la Caja arrastra un desequilibrio estructural desde mediados de 2017. Van ocho años.
Y hay un dato que suele pasar desapercibido: en febrero de este año, el asesor general del Gobierno, Emiliano Chialva, hablaba de un rojo previsional del orden de los $8.000 millones mensuales. Hoy la cifra oficial es de $10.000 millones. En pocos meses, el agujero se ensanchó. El propio Arnaudo lo describió como un monto que continúa creciendo.
Ese es el punto que las declaraciones oficiales tienden a suavizar. No estamos frente a un desequilibrio que se mantiene estable y que la Provincia absorbe con esfuerzo. Estamos frente a una curva que sube.
La aritmética que nadie discute
El diagnóstico técnico es sencillo y ninguna de las partes lo niega. En un régimen de reparto, los aportes de los trabajadores activos y las contribuciones patronales financian los haberes de los pasivos. Si los que aportan se mantienen estables y los que cobran aumentan, el sistema se desfinancia.
Es exactamente lo que describió Arnaudo: la cantidad de aportantes tiende a mantenerse quieta mientras la cantidad de beneficiarios sube.
Acá aparece la primera deuda del debate chubutense. En Santa Fe, en Entre Ríos y en Buenos Aires las discusiones previsionales se dan con números sobre la mesa: cuántos aportantes hay, cuántos beneficiarios, cuál es la relación entre ambos, cuál es el haber promedio contra el salario promedio. Entre Ríos, por ejemplo, discutió su reforma con una relación de 1,82 aportantes por beneficiario publicada en el mensaje de elevación del proyecto.
En Chubut ese set de datos no circula con la misma claridad. Se conoce el resultado —el déficit mensual— pero no la estructura que lo produce. Y sin esa estructura es imposible discutir seriamente qué hacer, porque no es lo mismo un rojo empujado por la demografía que uno empujado por regímenes especiales, por jubilaciones anticipadas o por incumplimientos de aportantes.
Los factores que el diagnóstico oficial menciona poco
La explicación demográfica es correcta, pero es parcial.
Primero, están las deudas de los municipios con el ISSyS. En agosto la Legislatura aprobó un pedido de informes justamente sobre eso: convenios de pago vigentes, montos, y qué acciones administrativas o judiciales impulsó el directorio para recuperar esas acreencias. El texto pedía además precisar si esos incumplimientos pueden llegar a comprometer la cadena de pagos a jubilados y pensionados. Cuando un municipio retiene aportes y no los remite, el desequilibrio deja de ser demográfico y pasa a ser un problema de gestión y de cobro.
Segundo, está la deuda de la Nación. Chubut es una de las trece provincias que nunca transfirió su caja a la ANSES, y esas cajas vienen reclamando desde hace años el financiamiento del déficit previsional que el Estado nacional les adeuda. En el esquema nacional, cuando el sistema no alcanza, entran recursos tributarios de manera automática. Las cajas provinciales no tienen ese paraguas: cuando no alcanza, paga la provincia.
Tercero, está la política de empleo público. Toda medida que reduzca la planta estatal —retiros voluntarios, congelamiento de vacantes, jubilaciones de oficio— mejora la caja salarial y empeora la previsional: menos aportantes hoy y más beneficiarios mañana. Es un movimiento que descomprime una cuenta y presiona la otra, y rara vez se lo presenta así.
Y cuarto, algo que el Instituto sí resolvió y conviene reconocer: la deuda histórica por contribuciones patronales que no se integraban al sistema fue compensada y, según Arnaudo, el crédito está saldado en valores nominales. Ese dato es importante, pero por una razón que juega en contra del optimismo: significa que el déficit actual ya no se explica por lo que la Provincia debía. Se explica por cómo está diseñado el sistema.
El riesgo real: quién paga el ajuste
Acá está el nudo de la cuestión, y es lo que los actuales y futuros jubilados chubutenses deberían mirar con atención.
Un déficit creciente cubierto por rentas generales no es sostenible indefinidamente. Cuando esa situación se vuelve insostenible, hay cuatro salidas posibles y ninguna es gratuita: subir los aportes de los activos, subir la edad jubilatoria, bajar la tasa de sustitución del haber, o aplicar aportes extraordinarios sobre los jubilados que ya cobran.
No hay que imaginarlo: ya pasó al lado. Santa Fe declaró la emergencia previsional, elevó el aporte personal de los activos, tocó el esquema del 82% móvil, fijó un tope de veinte haberes mínimos y aplicó un “aporte solidario” de entre 2% y 6% sobre los beneficios de los pasivos, con excepción de los que cobran menos de dos mínimas. Entre Ríos avanzó sobre los regímenes especiales y las edades de retiro. En el plano nacional, además, la discusión sobre la reforma previsional apunta explícitamente a homogeneizar o eliminar regímenes diferenciales, incluidos los de las cajas provinciales no transferidas.
Traducido: cuanto más tiempo pase sin una discusión propia, más chances hay de que la solución llegue de afuera y en los peores términos posibles.
Para el que está por jubilarse en Chubut, eso significa un riesgo concreto: que las reglas cambien justo antes de que le toque. Para el que ya está jubilado, el riesgo es otro y más silencioso: que el haber pierda contra la inflación, que los pagos se estiren, o que aparezcan descuentos “de emergencia” sobre lo que ya cobra.
Vale recordar que la propia obra social del Instituto, SEROS, viene de un esquema de pagos a prestadores que llegó a estirarse a 75 días y recién este año volvió al plazo contractual de 60, con una erogación extraordinaria equivalente a casi un mes de prestaciones. La tensión financiera no es una hipótesis de laboratorio.
Lo que falta
El 30 de noviembre se renuevan los representantes de activos y pasivos en el directorio del ISSyS. Es una oportunidad para que el debate salga del terreno de las declaraciones y entre en el de los números.
Las organizaciones de jubilados provinciales vienen cuestionando desde hace tiempo el relato oficial, y señalan una contradicción de fondo: mientras se afirma que el sistema está ordenado, se avalan medidas que le restan ingresos o le suman erogaciones.
Nada de esto significa que la Caja esté por explotar. Significa algo distinto y más incómodo: que el problema tiene solución mientras se lo discuta a tiempo, y que el tiempo se está gastando.
Hoy son $10.000 millones por mes. La pregunta no es cómo tapar el rojo de septiembre. Es qué sistema previsional va a poder sostener Chubut en 2035, con qué reglas, y sobre quién va a recaer la factura cuando el Tesoro provincial diga que no puede poner más.
Porque cuando esa conversación finalmente se dé, el que menos margen tiene para negociar es el que ya se jubiló.
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