El mediodía del miércoles la jueza María Laura Martini dio a conocer su resolución luego que en audiencias pasadas las defensas de los imputados plantearan la suspensión de juicio a prueba de sus pupilos, rechazando las peticiones de probation de los defensores y dispuso se fije audiencia preliminar para los próximos días en la causa.
Cabe recordar que la presente audiencia se produce luego que la Cámara en lo Penal local resolviera por unanimidad “hacer lugar a las impugnaciones ordinarias deducidas por las defensas y reenviar las actuaciones a la Oficina Judicial para que se fije nueva audiencia preliminar, para que otro juez penal reedite la cuestión, con intervención de la parte damnificada, el Municipio local. En un primer momento los representantes del Municipio no aceptaron ninguna de las propuestas de las defensas como reparación del daño. Luego las defensas plantearon una nueva oferta de cambio de obras por dinero en efectivo; los representantes legales del Municipio consultan, y luego aceptan la nueva propuesta.
El fiscal por su parte se opuso a las suspensiones de juicio a prueba (probation) para funcionarios públicos en casos de corrupción, por política de persecución penal y que el ejercicio de la acción pública es resorte exclusivo de la fiscalía, los jueces no pueden subrogar al MPF.
Refiriéndose la jueza en su resolución a la falta total de compromiso y el dejo de liviandad y desinterés por la causa de parte del Municipio local. Considerando la propuesta del Municipio como poco seria y que las respuestas como las que da el Municipio no pueden atenderse con tanta liviandad. Concluyendo que los hechos de corrupción, como el presente caso, deben ventilarse en juicio.
Presidió la audiencia preliminar María Laura Martini, jueza natural de la causa; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que por el Municipio local asistieron Alexandre Visser y Oscar Herrera. La defensa de Palomeque la ejerció Gustavo Oyarzun; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara por María de los Ángeles Garro, ambos defensores públicos; la de Lobos Rozas y Javier Morales por Juan Bill, abogado de la defensa pública; la de Boyero y Monasterolo por Guillermo Iglesias; y la de Astiz por Fabián Gabalachis; la Dra. Quintana por los hermanos Pérez, abogados particulares de los mismos.
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