La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de Cristobal López, Carlos Fabián De Souza y Osvaldo José Sanfelice en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas realizadas mediante las empresas Agosto SA y otras del Grupo Indalo.
Con las firmas de los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens, la sala I del ese tribunal resolvió no hacer lugar a los planteos de los empresarios K procesados por el delito de lavado de activos, en carácter de coautores, en concurso real con el de asociación ilícita.
El pronunciamiento de los camaristas tiene lugar luego del fallo dictado por el juez Julián Ercolini. Además, confirmaron la orden de "trabar embargo sobre el patrimonio" de los procesados.
Por otra parte, los magistrados resolvieron revocar parcialmente la disposición "en lo referente a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias de Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal Manuel López".
Además, confirmaron la falta de mérito para procesar o sobreseer a los hijos del empresario, Cristóbal Nazareno López y Emiliano López, así como a otros dos imputados, Raúl Esteban Zamora y Marta Alcira Leiva.
Cristobal López, De Souza y Sanfelice están procesados por el delito de lavado de activos
En el fallo el magistrado Llorens manifestó coincidir con sus colegas preopinantes en cuanto a la resolución de las cuestiones preliminares tal como fueron planteadas.
No obstante, expresó que difiere con ellos "en lo relativo a la solución del fondo", y explicó que "un préstamo dinerario entre empresas del mismo grupo no constituye, por sí mismo, delito alguno".
"Más allá de los cargos que formalmente ostentaban en las sociedades cuestionadas, no surgen del expediente intervenciones materiales de los nombrados", concluyó el juez.
El fallo confirmó el embargo trabado sobre "los bienes de Agosto SA y estar a los embargos decretados respecto del patrimonio de Álcalis de la Patagonia SAIC, Oil M&S SA y CPC SA".
En 2019 Ercolini procesó a los tres empresarios al entender que la firma Agosto SA, presidida por Sanfelice "fue constituida y funcionó como una sociedad pantalla, es decir sin una operatoria comercial considerable, más allá de las contrataciones celebradas con las empresas del grupo Indalo".
López y De Sousa "en su calidad de responsables de las firmas Oil M&S SA, CPC SA y Álcalis de la Patagonia SAIC; y Osvaldo José Sanfelice, en su carácter de accionista y presidente de Agosto SA; habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el objeto de poner en circulación en el mercado el dinero defraudado al Estado nacional" entre octubre de 2013 y agosto de 2016, agregó por entonces el juez.
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