El gobernador Marcelo Orrego anunció el miércoles un acuerdo con Minera Vicuña Argentina que conviene leer con lápiz en mano desde Rawson. San Juan recibirá US$ 250 millones anticipados, con una letra chica que es lo mejor del convenio: fondos fijos, no reembolsables y no compensables, con destino exclusivo a obra vial, hídrica y de saneamiento. Se suman un fideicomiso auditado por el Estado provincial, alimentado con el 1,5% de la facturación bruta; la ratificación de las regalías del 3%, sin rebajas; y obras a costo de la empresa, entre ellas la línea eléctrica y el camino al yacimiento. El texto va a Diputados para convertirse en ley, tras dieciocho meses de negociación en cuatro países.
Lo relevante no es la cifra, es el momento del cobro: la plata entra antes de la decisión final de inversión y muy antes de la primera exportación. Y conviene registrar el punto de partida: el único antecedente sanjuanino de un aporte así fue Barrick en los noventa, 50.000 dólares. De 50 mil a 250 millones no se llega por generosidad empresaria; se llega negociando.
Chubut tiene lo que otros venden
La provincia acumula la carpeta minera más valiosa y más quieta del país. Navidad, de Pan American Silver, entre Gastre y Gan Gan: más de 600 millones de onzas de plata, uno de los mayores depósitos sin explotar del mundo, con exportaciones proyectadas de US$ 286 a 350 millones anuales. Suyai, en Esquel, unos US$ 220 millones. Cerro Solo y Laguna Salada, el mayor reservorio de uranio del país. En conjunto, cerca de US$ 1.400 millones de inversión inicial.
Sobre todo eso pesa la Ley XVII N° 68, la vieja 5001. Y acá se juega el argumento: la prohibición es el único activo que la provincia tiene para vender caro.
Mientras exista, quien quiera pedir su levantamiento está obligado a poner algo arriba de la mesa. El día que la ley se cae gratis, el poder de fuego provincial desaparece con ella.
Si Chubut alguna vez discutiera el tema —una decisión que, por historia y por votos, no se resuelve en una reunión de despacho—, el piso ya lo fijó San Juan: un aporte de entrada fijo, no reembolsable y no compensable de US$ 150 a 300 millones por proyecto grande, pagadero antes de la primera onza; regalías al 5%, el techo que habilitó el acuerdo federal y que Santa Cruz ya adoptó; un 1,5% adicional a un fideicomiso con coparticipación a los municipios de la meseta; infraestructura a costo de la empresa; y garantías de cierre de mina con fondeo previo.
Con exportaciones de US$ 300 millones por 18 años, Navidad mueve unos US$ 5.400 millones: al 3% las regalías rondarían US$ 160 millones; al 5% más el fideicomiso, se acercan a US$ 350 millones. Solo la diferencia entre negociar bien y negociar mal supera todo lo que la provincia obtuvo por su mayor yacimiento de hidrocarburos.
El contraste: US$ 87,5 millones por 45 años
En abril de 2025 Chubut firmó con Pan American Energy la reconversión de Cerro Dragón. El oficialismo lo comunicó como “US$ 90 millones”. El texto dice: US$ 20 millones de bono de reconversión, US$ 20 millones de bono de extensión y US$ 47,5 millones de responsabilidad social empresaria en cuotas hasta 2029, sin ajuste. Total: US$ 87,5 millones; efectivo en el corto plazo, US$ 40 millones.
¿A cambio de qué? De 35 años más 10 de extensión sobre el yacimiento más productivo del Golfo San Jorge. Y de algo que en el convenio minero no aparece en ninguna línea: una rebaja de regalías, del 12% al 9% para el no convencional, más la eximición del aporte del 3% que se coparticipaba con los municipios petroleros.
La comparación duele en la división: US$ 87,5 millones repartidos en 45 años son menos de US$ 2 millones por año. Y hay una vara más cruda todavía: en abril la provincia colocó US$ 650 millones de deuda a una tasa del 9,45%, cuyos intereses se comen unos US$ 60 millones anuales.
Todo el paquete PAE cubre año y medio de intereses de la deuda que se tomó para las obras que la renegociación no financió. San Juan cobró por adelantado y mantuvo su régimen fiscal; Chubut cobró poco y entregó flujo futuro. Vicuña pagó por entrar; PAE pagó por quedarse, sin competencia.
También cambia el método: dieciocho meses de mesa y ratificación por ley, contra una reconversión autorizada por decreto y votada ocho días después de ingresar a la Legislatura.
No empezó a negociar mal en 2025
Sería cómodo, y falso, colgarle el cartel a una sola gestión. La serie atraviesa peronismo, radicalismo y PRO.
Futaleufú. La represa se construyó con fondos públicos en los setenta para abastecer la planta de aluminio de Puerto Madryn y se concesionó en 1995 a una firma controlada por Aluar. Treinta años después, el intendente de Trevelin, Roddy Ingram, cuyo municipio es el principal receptor de regalías hidroeléctricas, lo resume sin eufemismos: la región no recibió nada.
Una ley provincial de renta hídrica llegó a aprobarse y fue vetada. Con el contrato vencido desde junio de 2025 y la cuarta prórroga nacional corriendo hasta diciembre, hay algo más elocuente: nadie puede reconstruir cuánto cobró Chubut en regalías durante toda la concesión. No hay valuación integral del activo. Es difícil negociar el precio de algo que nunca se tasó.
Cerro Dragón, 2007. La prórroga por cuarenta años se otorgó diez años antes del vencimiento —la ley admite seis meses—, por adjudicación directa, con una certificación de reservas elaborada sobre datos de la propia operadora y exención del impuesto de sellos.
La zonificación, 2021. El peor de todos los mundos: una ley aprobada de madrugada, sin audiencias y sin haber negociado un solo dólar de contraprestación anticipada —ni bono, ni fideicomiso, ni suba de regalías—, derogada cinco días después con la Legislatura incendiada. La provincia consiguió el conflicto sin la plata.
El patrón es siempre el mismo: se renegocia antes de tiempo, con un solo interesado en la mesa, contra necesidad fiscal inmediata y sin valuar el activo.
A eso se suma una carencia estructural: sin una empresa provincial con escala real, la única variable que Chubut puede discutir es el porcentaje. Y cuando la única herramienta es un porcentaje, se termina discutiendo cuánto se cede.
Los reparos que no se resuelven con plata
Nada de esto habilita suponer que la discusión chubutense es solo fiscal. Un adelanto a cuenta de regalías futuras es deuda disfrazada: se gasta hoy y lo pagan gobiernos que todavía no existen.
La regalía minera se liquida sobre valor boca de mina, con descuentos de procesamiento y transporte, así que el 3% nominal es bastante menos que 3%. Y el agua de la meseta, el pasivo ambiental y el uso del suelo no tienen precio de mercado ni consenso: las asambleas que sostuvieron el “No es no” durante veintitrés años no van a leer un fideicomiso como una respuesta.
Pero el punto no se cae por eso. Para financiar obra vial, hídrica y de saneamiento —los tres destinos que San Juan escribió en su convenio— Chubut tiene dos caminos: deuda al 9,45% en dólares, o cobrarle a quien quiere extraer.
Por el primero ya pasó. Por el segundo pasó muchas veces —Futaleufú, el petróleo del Golfo, la plata de la meseta— y salió siempre con lo mismo: una firma rápida, un titular y poca plata.
La pregunta que dejó abierta el anuncio de Orrego no es si Chubut debe hacer minería. Es más incómoda: si mañana decidiera hacerla, ¿sabría cuánto vale lo que tiene?
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