La aparición de numerosas ballenas muertas en las costas de Puerto Madryn y Península Valdés dejó de ser solamente una preocupación científica para convertirse también en un asunto de responsabilidad política e institucional.
Mientras los investigadores intentan determinar qué está provocando la muerte de estos animales, la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, encabezada por Juan José Rivera, enfrenta un interrogante que merece respuestas concretas: ¿qué información tiene realmente el Gobierno provincial sobre lo que está sucediendo en las aguas del Golfo Nuevo?
Las autoridades han difundido comunicados, reconocido la existencia de un fenómeno extraordinario y anunciado trabajos de monitoreo. Sin embargo, todavía falta conocer públicamente una explicación integral, respaldada por resultados científicos y ambientales, que permita comprender la magnitud del problema.
Una bacteria, varias hipótesis y demasiadas preguntas
En un primer momento, las investigaciones identificaron la presencia de la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae en muestras de ballenatos, asociada a cuadros de septicemia.
Pero la aparición posterior de ejemplares adultos muertos abrió nuevos interrogantes. Según reconoció el propio Gobierno provincial, estos animales no presentaban inicialmente los mismos signos asociados al cuadro bacteriano detectado en las crías.
Ahora, las investigaciones también contemplan la posible presencia de biotoxinas marinas relacionadas con floraciones algales nocivas, conocidas como mareas rojas.
El antecedente de 2022, cuando una floración algal nociva coincidió con la muerte de 30 ballenas francas australes en el Golfo Nuevo, demuestra que estos fenómenos pueden tener consecuencias graves sobre la fauna marina.
Pero identificar una posible causa natural no debería significar que se deje de investigar el conjunto de factores ambientales que pueden intervenir en estos episodios.
¿Qué controles realiza la Provincia sobre las aguas del golfo?
Este es, probablemente, uno de los principales interrogantes que deberían responder las autoridades ambientales.
El Golfo Nuevo es un ecosistema de enorme valor ambiental, turístico y económico. En sus costas conviven actividades industriales, pesqueras, portuarias, urbanas y turísticas.
Entre ellas se encuentra la actividad de Aluar, una de las principales industrias de Puerto Madryn, además de establecimientos pesqueros y sistemas de tratamiento y descarga de efluentes.
No existen evidencias concluyentes que permitan atribuir la actual mortandad de ballenas a estas actividades. Sin embargo, tampoco debería resultar incómodo preguntar cuáles son los controles que realiza el Estado sobre las descargas y la calidad ambiental de las aguas.
¿Con qué frecuencia se toman muestras? ¿Qué sustancias se analizan? ¿Cuáles fueron los resultados de los últimos monitoreos? ¿Existen registros históricos que permitan identificar cambios en la calidad del agua?
La ciudadanía debería poder acceder fácilmente a esa información, independientemente de que exista o no una relación con las muertes de ballenas.
La transparencia ambiental no puede esperar a los resultados finales
Desde la Secretaría de Ambiente se informó que se incorporarán progresivamente análisis de agua y moluscos en los golfos Nuevo y San José.
La decisión resulta necesaria, pero también abre una pregunta: ¿qué información ambiental previa tiene la Provincia y por qué no se presenta públicamente de manera sistemática?
No se trata de cuestionar el trabajo de los científicos, que requiere tiempo, rigurosidad y prudencia. Por el contrario, su tarea resulta indispensable para evitar conclusiones apresuradas.
La responsabilidad del Estado es diferente. Además de acompañar las investigaciones, debe garantizar el acceso a la información pública, explicar qué controles se realizan y comunicar de manera clara qué se sabe y qué continúa bajo estudio.
La falta de certezas científicas no puede convertirse en una excusa para ofrecer información insuficiente.
Un patrimonio natural que también sostiene la economía regional
La ballena franca austral es mucho más que una especie emblemática de la Patagonia.
Constituye uno de los principales atractivos turísticos de Chubut, moviliza miles de visitantes y sostiene una importante cadena de actividades económicas vinculadas al avistaje, la hotelería, la gastronomía y los servicios.
Pero su verdadero valor excede cualquier cálculo económico.
La presencia de estos animales convierte a Península Valdés y al Golfo Nuevo en uno de los espacios naturales más extraordinarios del planeta.
Por eso, cada episodio de mortandad debería generar una respuesta institucional a la altura de su importancia.
El Gobierno debe dar respuestas
La administración provincial tiene la obligación de proteger los recursos naturales y garantizar que las actividades económicas se desarrollen bajo controles ambientales adecuados.
Eso no significa encontrar culpables antes de que existan pruebas. Significa investigar todas las hipótesis razonables, publicar los estudios disponibles y permitir que la sociedad conozca el verdadero estado ambiental del golfo.
El Gobierno de Chubut ha informado que trabaja junto a científicos y especialistas. Es una tarea necesaria que merece reconocimiento.
Pero también debe comprender que los comunicados institucionales no reemplazan la obligación de rendir cuentas.
La ciencia puede necesitar meses para determinar por qué mueren las ballenas. El Gobierno no debería necesitar meses para explicar qué está haciendo, qué controles realiza y qué información tiene disponible.
Porque mientras las ballenas continúan apareciendo muertas en las costas de Chubut, hay una pregunta que las autoridades ambientales todavía deben responder con mayor profundidad:
¿Qué está sucediendo realmente en el Golfo Nuevo y qué garantías tiene la sociedad de que el Estado está haciendo todo lo necesario para protegerlo?
💬 Comentarios (0)