Durante la audiencia judicial por el fallecimiento del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, surgieron fuertes acusaciones que apuntan a una agresión deliberada. La causa avanza con la madre y el padrastro detenidos, mientras se profundiza la investigación sobre un posible contexto de violencia sostenida.
La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia durante el domingo de Pascuas, continúa sumando elementos clave que refuerzan la hipótesis de un hecho violento.
Uno de los puntos más contundentes surgió en la audiencia, donde se sostuvo que las lesiones que presentaba el menor no habrían sido accidentales, sino producto de golpes aplicados de manera voluntaria. Esta afirmación se apoya en los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de Chubut.
El informe determinó que el niño sufrió al menos una veintena de impactos en la cabeza. Estas lesiones provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que derivó en un paro cardiorrespiratorio, causante de la muerte. A pesar de la gravedad de los golpes, no se detectaron fracturas óseas, aunque sí un daño interno severo en el cerebro.
Los especialistas también remarcaron un dato que llamó especialmente la atención: las lesiones estaban concentradas únicamente en la cabeza, sin signos de agresiones en otras partes del cuerpo. Esto refuerza la sospecha de que se trató de una agresión reiterada y focalizada.
Además, los peritos no descartan que haya existido algún mecanismo de asfixia, aunque no se observaron marcas visibles en el cuello. Esta posibilidad continúa siendo analizada a través de estudios complementarios.
A partir de estos resultados, la Justicia dispuso la detención de la madre del niño, Mariela Beatriz Altamirano, y de su pareja, Michel Kevin González, quienes serán imputados por homicidio agravado por el vínculo.
En paralelo, la fiscalía avanza en la reconstrucción del entorno en el que vivía el menor. Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible contexto de violencia prolongada, que podría haber sido determinante en el desenlace fatal.
El abogado querellante, Roberto Castillo, confirmó que mantienen contacto permanente con el fiscal del caso y destacó el trabajo realizado durante los primeros días de la investigación. En ese sentido, indicó que desde la acusación particular colaboran activamente para sostener la hipótesis del homicidio.
Castillo también cuestionó que los acusados estuvieran al cuidado de otra menor, considerando la gravedad del hecho. Según planteó, resultaba contradictorio que, ante la sospecha de un infanticidio, el Estado permitiera que continuaran a cargo de una bebé.
Las críticas más duras del letrado estuvieron dirigidas al sistema judicial de Familia. Señaló que existió una cadena de fallas institucionales que dejaron al niño en una situación de extrema vulnerabilidad.
En ese contexto, sostuvo que la muerte de Ángel no solo estaría vinculada a la conducta de los acusados, sino también a decisiones judiciales previas que lo alejaron de su entorno de contención. Según expresó, el menor quedó aislado de su red familiar y expuesto a un escenario que terminó siendo fatal.
Mientras tanto, la causa sigue en pleno proceso investigativo, con la recolección de pruebas y el análisis de los estudios forenses pendientes, que serán claves para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
