El abogado querellante aseguró que la causa se investiga como homicidio agravado, denunció amenazas a testigos y apuntó contra el accionar previo de la Justicia. También advirtió similitudes con otros casos que conmocionaron al país.
En el marco de la investigación por la muerte del niño Ángel, el abogado querellante Roberto Castillo confirmó que la principal línea de la causa apunta a un homicidio agravado que tendría como imputados a Maicol González y Mariela Altamirano. Además, sostuvo que esta hipótesis se construyó luego de un exhaustivo análisis del expediente realizado en los últimos días.
Durante una entrevista brindada en el programa El Comodorense Stream, el letrado explicó que el equipo legal trabajó intensamente desde que tuvo acceso a la documentación del caso. En ese sentido, detalló que estuvieron varios días sin descanso revisando pruebas y elaborando la reconstrucción de los hechos hasta el domingo.
Según indicó, la querella considera que el menor se encontraba inmerso en un contexto de violencia. De acuerdo a los testimonios recolectados, existiría un entorno conflictivo que involucraba tanto a adultos como a otros menores. Asimismo, señaló que algunos testigos relataron episodios de agresiones físicas contra el niño, lo que refuerza la hipótesis de un escenario violento previo a su fallecimiento.
En relación a la mecánica del hecho, Castillo explicó que las lesiones que derivaron en la muerte se habrían producido en un lapso cercano al deceso, estimado en un período no mayor a diez días.
Por otra parte, el abogado manifestó preocupación por la situación de quienes deben declarar en la causa. En ese sentido, denunció que algunos testigos estarían siendo intimidados, lo que genera miedo y dificulta su participación. Según afirmó, existe un clima de temor que implica un gran esfuerzo para quienes deben brindar su testimonio.
Durante la entrevista, Castillo también fue crítico con el funcionamiento del sistema judicial, al considerar que hubo señales previas que no fueron atendidas de manera adecuada. En ese contexto, comparó lo ocurrido con otros casos similares que impactaron en la opinión pública y remarcó: “Con Lucio no aprendimos nada y ahora a Ángel lo lamentamos”, marcando paralelismos entre ambas situaciones.
Además, destacó la relevancia de incorporar las voces del entorno cercano del niño, como docentes y compañeros, y mencionó la existencia de registros audiovisuales que podrían aportar información clave para comprender el contexto en el que vivía.
En otro tramo, el letrado cuestionó el accionar de distintos actores que intervinieron previamente en el ámbito judicial y técnico. En ese marco, señaló que se evalúa la posibilidad de avanzar con acciones legales contra funcionarios y profesionales que participaron en decisiones anteriores vinculadas al caso.
Asimismo, expresó críticas hacia el funcionamiento de la Justicia en el fuero de familia y sostuvo que, desde su perspectiva, existirían ciertos sesgos que inciden en la toma de decisiones. También puso en duda el desempeño de equipos técnicos y profesionales que intervinieron en la situación del menor.
Finalmente, Castillo adelantó que impulsarán medidas para determinar posibles responsabilidades institucionales y no descartó la presentación de denuncias contra funcionarios judiciales. Además, anunció la organización de una movilización en la ciudad de Buenos Aires para reclamar justicia por Ángel, que incluirá una marcha desde el Obelisco hacia el Palacio de Justicia.
