La pérdida de José Daniel Díaz ante su delicada situación personal y emocional reavivó el malestar por la situación salarial en la Policía del Chubut. Desde los sectores pasivos acusan al titular de la cartera de Seguridad de «manipulación psicológica» y falta de empatía ante la tragedia.
La trágica determinación del Sargento Primero José Daniel Díaz, perteneciente a la fuerza policial de la zona sur en su último paso por Comodoro Rivadavia, ha desatado una profunda crisis institucional y un fuerte cruce político. El hecho no solo conmovió a los efectivos de la región, sino que volvió a poner el foco sobre las condiciones laborales, el impacto del desarraigo y la situación económica que atraviesan los agentes del orden en la provincia impactando no solo en las condiciones laborales sino que sumado también al impacto en la salud mental.
Tras conocerse el deceso, las repercusiones no tardaron en llegar desde los sectores de la fuerza. Uno de los pronunciamientos más severos provino del Suboficial Mayor Retirado Julio Moreyra, quien apuntó directamente contra la gestión del Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, cuestionando la respuesta oficial ante la pérdida del camarada.
Pedido de asistencia y críticas a la conducción
Moreyra instó públicamente al funcionario a demostrar liderazgo institucional mediante acciones concretas de acompañamiento hacia los seres queridos del sargento fallecido. El referente de los retirados exigió que se dispongan de inmediato los medios necesarios —incluyendo personal del servicio social, vehículos oficiales y contención psicológica— para facilitar el traslado y que la familia pueda darle cristiana sepultura a Díaz en su localidad natal, Cholila.
«A ver si es tan buen líder, defensor y protector de la institución, demuestre con hechos el acompañamiento. Es lo mínimo que debería hacer», interpeló Moreyra.
Sin embargo, el eje central del reclamo se centró en las recientes declaraciones del Ministro Iturrioz respecto a los factores que desencadenaron la drástica decisión del efectivo. Para los sectores críticos, las expresiones del titular de la cartera de Seguridad responden a una estrategia de control de daños destinada a desvincular el hecho de la realidad socioeconómica de la fuerza.
Acusaciones de manipulación y negación de la crisis
El suboficial retirado acusó al ministro de adoptar una conducta de «manipulador» para desligar de responsabilidades a la conducción política. Según lo expresado por Moreyra, desde el Ministerio se intentó minimizar la gravedad de la situación mediante un tono «alto, duro, descalificador y agresivo» frente a los cuestionamientos, buscando neutralizar versiones que pudieran poner en riesgo la estabilidad política del área.
Desde el entorno de los trabajadores de la fuerza sostienen que el trasfondo económico es innegable. Aseguran, basados en fuentes directas de la familia del sargento —quien deja a su esposa, dos hijos varones y una hija de 14 años—, que el uniformado afrontaba severas deudas y la presión de sostener un proyecto de construcción habitacional, todo enmarcado en el complejo contexto de la separación familiar que genera prestar servicio lejos de su pueblo natal.
El descontento se profundizó luego de que las autoridades desestimaran de forma pública el vínculo entre el suicidio y los haberes policiales, calificando como «bajeza» la viralización de audios de reclamo atribuidos a la víctima y enmarcando las críticas en una supuesta intencionalidad política.
Para los sectores en reclamo, esta postura oficial representa una preocupante falta de contención al personal y una negación de la crisis salarial, priorizando el impacto institucional por sobre el bienestar del empleado policial y su grupo familiar.
