A pocos días de la fecha estipulada para el histórico traspaso de mando, el Ejecutivo municipal tomó la sorpresiva decisión de no firmar el contrato con el Grupo MR ganador de la licitación pública, manteniendo bajo un manto de dudas el inicio del servicio previsto para el primero de junio y desatando una profunda crisis política institucional que ya se cobró la renuncia del asesor letrado del municipio, Jorge Echelini.
La noticia cayó como un balde de agua fría en el Concejo Deliberante, donde los ediles daban por descontado que los trámites legales marchaban sobre rieles. Ante el sorpresivo freno, los concejales mantuvieron una reunión de urgencia con el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, para exigir explicaciones sobre un estancamiento que pone en riesgo la conectividad de miles de comodorenses.
El quiebre técnico y la salida de Echelini
El punto de quiebre que detonó la crisis radica en los requerimientos formales solicitados a la empresa entrante a última hora. Desde el municipio se argumentó la falta de los títulos de propiedad de las nuevas unidades para dilatar la rúbrica. Sin embargo, esta postura colisionó de frente con el criterio del ahora exasesor letrado, Jorge Echelini, quien había garantizado la total optimidad y legalidad del expediente, validando que el contrato estaba en condiciones de ser firmado.
Fuentes del cuerpo legislativo confirmaron que Echelini había revisado minuciosamente la documentación junto a un escribano aportado por la empresa, dejando constancia en un acta de que los papeles presentados eran plenamente válidos y que cualquier faltante menor era subsanable. Al consolidarse la negativa del Ejecutivo de avanzar con la firma a pesar de su aval técnico, el experimentado abogado presentó su renuncia indeclinable, evidenciando una disidencia insalvable con la conducción política municipal.
La postura del Concejo: «Exigen algo imposible»
El concejal Omar Lattanzio, representante del bloque PICH, fue categórico al evaluar la situación y apuntar contra los motivos de la suspensión. El edil respaldó la actuación del asesor legal saliente y calificó de insólitas las trabas burocráticas impuestas:
»Echelini no tendría por qué haberse ido, Echelini cumplió, revisó, volvió los papeles ante un escribano que trajo esta gente. Hay un acta donde dice que Echelini dijo que estaba bien, que se podía firmar el contrato, que si faltaba algo era remediable porque le habían llevado todos los papeles correspondientes a todos los vehículos. Echelini actuó bien, actuó como corresponde. Ahora, el motivo por el cual el señor intendente no quiso firmar, realmente eso solo está en la cabeza del intendente».
Lattanzio detalló que el Grupo MR cumplió con la presentación de tres declaraciones juradas de la firma Mercedes Benz donde constan los números de chasis y motor de los colectivos a retirar, lo que demuestra que la compra está efectivamente realizada.
»Están pidiendo el título de propiedad de los vehículos; es imposible, imposible que sea esta empresa o cualquier otra que les presente los títulos de propiedad. ¿Por qué? Porque los vehículos tienen que venir para acá, para Comodoro, para transferirlos. Primero tienen que pasar por la verificación policial y después lo tienen que asentar en Comodoro Rivadavia porque ellos tienen que tributar los impuestos de esos colectivos acá».
El legislador remarcó que el pliego licitatorio contiene mecanismos para resolver estas contingencias sin necesidad de frenar el proceso. «El artículo 43 de la licitación no dice que por la falta de un papel se cae el contrato o no se hace el contrato», enfatizó, tras confirmar que el secretario de Gobierno se comprometió a enviar una notificación otorgando un plazo de cinco días a la empresa para incorporar las facturas de compra al expediente y destrabar la situación.
El fantasma del primero de junio y el rol de Patagonia Argentina
Más allá de la resolución de este conflicto administrativo, la fecha del primero de junio como el inicio de la nueva era del transporte ha quedado totalmente descartada. Según explicaron los ediles, aunque el contrato se firmara de inmediato, la estructura logística —que incluye el traslado de la flota, la instalación de los validadores de la tarjeta SUBE y las autorizaciones regulatorias ante Nación— demandará un tiempo prudencial de entre veinte días y un mes. Además, todo convenio debe pasar primero por el filtro y aprobación del propio Concejo Deliberante.
Ante este panorama, la ciudad queda provisoriamente sujeta a la voluntad de la actual prestataria, Patagonia Argentina, que perdió la licitación y cuyo vínculo formal está por expirar.
»Nuevamente hoy la pelota está al lado de Patagonia, eso seguro, porque es el que tiene acá los transportes. Cabe la posibilidad de que Comodoro Rivadavia se quede sin transporte público, y la verdad es que cabe la posibilidad», advirtió Lattanzio.
