A días del vencimiento del plazo, la empresa adjudicataria denunció que el intendente decidió «unilateralmente» no firmar el acuerdo a partir del 1 de junio. Advierten sobre un «manto de oscuridad» y posibles consecuencias patrimoniales para el municipio.
El proceso de licitación del servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia ingresó en una fase de extrema tensión y parálisis institucional. A través de un duro comunicado emitido este viernes, la empresa Grupo MR S.R.L. acusó formalmente al intendente Othar Macharashvili de frenar de manera «unilateral e inconsistente» la firma del contrato de concesión que debía entrar en vigencia el próximo 1 de junio, sugiriendo que la maniobra busca prorrogar de manera directa el vínculo con la actual prestataria, Patagonia Argentina.
La firma, que resultó adjudicataria del servicio mediante una resolución que se encuentra firme, aseguró haber cumplido «en tiempo y forma» con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y administrativos contemplados en los pliegos.
Según el documento, esta situación fue ratificada y acreditada tanto por el Asesor Letrado del Municipio, Jorge Echelini, como por el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, además de haber sido constatada por los escribanos públicos Emilio Angelinic y Damián Maffini.
Contradicciones en el gabinete y aval legislativo
El principal foco de conflicto radica en las versiones cruzadas dentro del propio Ejecutivo municipal y la postura del Poder Legislativo local. Desde el Grupo MR recordaron que, mientras el intendente Macharashvili comunicó públicamente que la licitación «se había caído», su secretario de Gobierno afirmó ante el Concejo Deliberante todo lo contrario: «El proceso licitatorio no se ha caído», sostuvo Bohe ante los ediles.
La empresa destacó que los tres bloques que integran el Concejo Deliberante coincidieron de forma unánime en que están dadas todas las condiciones legales y técnicas para avanzar con la rúbrica del contrato, respaldando la postura de que cualquier diferencia menor debe resolverse dentro del marco administrativo del proceso y no mediante la anulación del mismo.
Acusaciones de «oscuridad» y perjuicio económico
Para la firma adjudicataria, el accionar del jefe comunal carece de sustento legal y «evidencia una clara intención de dilatar el proceso mediante argumentos inconsistentes». En el texto, apuntan a un trasfondo político y económico:
»El aparente objetivo es prorrogar y/o avanzar en contrataciones directas con la actual prestadora del servicio (Patagonia Argentina), en perjuicio de una propuesta superadora que permite una mejora sustancial en beneficio de todos los usuarios de la ciudad».
Asimismo, el comunicado lanza una fuerte advertencia legal al sostener que el Grupo MR responsabiliza civil y patrimonialmente al Estado Municipal por los perjuicios económicos derivados de cualquier demora injustificada en la firma de un contrato que ya fue adjudicado y cuya validez jurídica no ha sido cuestionada formalmente.
El punto de la discordia: la flota de colectivos
Respecto a las observaciones municipales —plasmadas en la Resolución Nº 0900/2026 y enfocadas en el artículo 43º del pliego sobre la documentación de los colectivos y bienes afectados al servicio—, Grupo MR rechazó categóricamente haber incurrido en incumplimientos. Afirmaron que los derechos de uso sobre las unidades registrables ya fueron presentados y verificados.
Sin embargo, en un intento por destrabar el conflicto y demostrar «voluntad de avanzar», la empresa anunció que aportará la documentación adicional requerida por el municipio, dejando en claro que esto no implica reconocer ninguna deficiencia previa.
A poco más de una semana de la fecha límite establecida para el recambio del servicio, el transporte público de Comodoro Rivadavia queda sumergido en un escenario de total incertidumbre jurídica y política, donde la transparencia del proceso ha quedado severamente cuestionada por los propios actores involucrados.
