Alberto Torres es concejal de Juntos por el Cambio de Lanús y terminó implicado en una gigantesca red que se dedicaba a robarle petróleo a YPF que luego lo movilizaba en camiones cisternas, lo trataba en una refinería clandestina de Valentín Alsina y lo revendía. Por esta maniobra, hay más de 20 detenidos que empezarán a ser indagados este jueves por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona, que estuvo a cargo de la investigación sobre la banda criminal que movió millones de dólares al menos en el último año.
Torres es un hombre conocido en la política de Lanús. El domicilio del concejal, en la zona de Valentín Alsina, fue allanado el martes por la Policía Federal Argentina (PFA), a pedido de la fiscal Incardona. Si bien fue demorado, no quedó detenido por ser mayor de 70 años y será indagado en las próximas horas por su posible vinculación con la empresa criminal.
Para la fiscalía federal de Lomas, Torres era quien le daba cobertura a una refinería que funcionaba casi en el limite entre Valentín Alsina, partido de Lanús, y Nueva Pompeya, y estaba ubicada a la vera del Riachuelo. En esa refinería, un colaborador de Torres, que había militado con él, trataba el petróleo que otros integrantes de la banda robaban del oleoducto de YPF que va desde Neuquén hasta La Plata, pasando por Bahía Blanca.
Toda esa actividad se realizaría con absoluta tranquilidad gracias a los oficios que brindaría Torres para que la Municipalidad de Lanús no ordene controles en el establecimiento clandestino. Esa es la hipótesis con la que trabajan Augé e Incardona.
El edil usó sus redes sociales para desmentir que haya sido detenido y dijo que el resultado del allanamiento fue negativo, dado que no se encontraron en su casa elementos que lo vinculen con la banda. Página/12 se comunicó con voceros del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quienes dieron por válida la versión del concejal lanusense. “Se verá cuando avance la investigación”, explicaron y dijeron que desconocían la versión sobre la posible influencia de Torres para que el Municipio hiciera la vista gorda.
Torres también sostiene que había dejado de militar con Rodríguez en 2015, por lo que había perdido trato y que únicamente lo vinculaban espacios políticos. Sin embargo, en la causa habría pruebas de que el trato entre ambos era frecuente y de confianza. Rodríguez tenía, además, vínculo con otra persona, Héctor Pizarro, quien sería el que le aportaba información sobre las fuerzas de seguridad y le habría advertido que estaba siendo investigado. Hasta ahora no aparecen otros vínculos con uniformados. En el pasado, el robo de petróleo solía ser una debilidad que tenían militares carapintadas.
