Todo comenzó cuando efectivos policiales que se encontraban realizando los controles de tránsito en el límite entre esta ciudad y El Bolsón, en la provincia de Río Negro, detectaron que algunas personas intentaban cruzar con autorizaciones apócrifas.
Por esta razón, el Consejo Deliberante de esta localidad decidió abrir una comisión especial para investigar lo sucedido y convocó a declarar a algunos funcionarios municipales del área de Desarrollo Social que habrían estado involucrados en el hecho.
No obstante, unas horas después varios empleados públicos fueron apartados de sus respectivos cargos a causa de este hecho y el intendente Huisman, perteneciente al partido Nuevo Encuentro, que integra del Frente de Todos, informó que iba a iniciar una denuncia penal contra un agente que era responsable de la entrega de los permiso.
Esto fue lo que provocó las críticas de la oposición, ya que la Municipalidad anunció esa decisión basándose en el escrito que presentó esta misma persona ante el Concejo, en el que habría reconocido su culpabilidad: apuntaron a que el Poder Ejecutivo no debería tener acceso a ese texto por ser confidencial y a que lo hicieron público a través del comunicado oficial.
Por ese comunicado es que la representante municipal de Juntos por el Cambio, Gretel Arce, convocó a una sesión especial en la que se votó a favor de suspender por 30 días al concejal Gustavo Flak, quien habría filtrado la información al Poder Ejecutivo, y por 40 al intendente, que fue reemplazado por otro dirigente del Frente de Todos, César Salamín, titular del Concejo Deliberante.
El jefe comunal, momentáneamente apartado del cargo, explicó que este sábado por la madrugada estaba esperando a que le “presenten las resoluciones” del cuerpo deliberativo, para después “presentar el amparo correspondiente”.
