Así lo confirmó el bloque de Diputados Provinciales de Arriba Chubut, junto al Diputado Luque e intendentes del Chubut, mediante un comunicado de prensa «Este lunes presentamos un pedido formal de acceso a la información pública para que el Fiscal de Estado de la Provincia del Chubut, Andrés Meiszner, entregue copia del acuerdo celebrado entre la Provincia y Red Chamber Argentina S.A., junto con todos los expedientes, dictámenes y antecedentes administrativos vinculados a esa decisión.»
La presentación la realizamos los firmantes: Juan Pablo Luque y José A. Glinski, diputados nacionales por Chubut; Juan Horacio Pais, Emanuel Coliñir, Norma Beatriz Arbilla, Gustavo Fita y Vanesa Abril, diputados y diputadas provinciales; y Dante Bowen y Héctor Ingram, intendentes de Dolavon y Trevelin, respectivamente.
El pedido se funda en una razón elemental: la ciudadanía tiene derecho a saber qué resolvió el Estado, con qué fundamentos, bajo qué condiciones y con qué consecuencias patrimoniales, jurídicas e institucionales.
Consideramos que, en torno a la ex Alpesca, se desarrolló en los últimos meses una secuencia administrativa y política tan errática como preocupante. Primero se avanzó en la rescisión del vínculo con Red Chamber. Luego se promovió la adjudicación y toma de posesión por parte de Profand. Más tarde, la Provincia retrocedió y volvió a colocar a Red Chamber al frente de la tenencia y explotación de esos mismos bienes.
Ese recorrido presenta serias dudas de legalidad, de razonabilidad administrativa y de protección efectiva del interés público. No se trata de una mera controversia entre empresas privadas. Se trata de decisiones adoptadas por el Estado provincial sobre activos estratégicos, en un marco de opacidad, contradicciones y posibles consecuencias económicas perjudiciales para el erario público.
Además, ese ida y vuelta podría haber agravado la exposición patrimonial de la Provincia. Por un lado, por las derivaciones jurídicas y económicas que pudieran surgir de la frustrada adjudicación a Profand. Por otro, por el impacto social y laboral que viene arrastrando todo el conflicto vinculado a Alpesca, cuyas consecuencias terminaron recayendo, en parte, sobre el propio Estado.
El Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, tiene una responsabilidad central en este expediente. Su función institucional no es otra que controlar la legalidad de los actos administrativos y defender el patrimonio de la Provincia. Por eso mismo, frente a una secuencia tan delicada y controvertida, no puede haber silencio, evasivas ni ocultamiento de información.
Lo que corresponde es transparencia. Corresponde que se conozca el contenido del acuerdo con Red Chamber, los antecedentes que llevaron a su celebración, los dictámenes que lo respaldaron, las actuaciones administrativas previas y el alcance de la eventual intervención judicial vinculada a su homologación.
Cuando están en juego bienes públicos, decisiones estatales sensibles y posibles perjuicios para todos los chubutenses, la obligación del Estado no es esconder, es informar. Y la obligación del Fiscal de Estado no es ampararse en la opacidad, sino dar explicaciones claras y documentadas.
Por eso exigimos una respuesta completa, inmediata y formal. La sociedad chubutense tiene derecho a saber qué se hizo, quién lo hizo, por qué se hizo y cuáles pueden ser las consecuencias para la Provincia.
