El Procurador Adjunto del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Dr. Emilio Porras Hernández, está a cargo de la investigación, junto a un equipo de trabajo designado por el Procurador General, sobre los hechos delictivos de público conocimiento ocurridos en el marco de los reclamos por la aprobación de la ley de zonificación minera el 16 de diciembre del 2021 en Rawson en donde se dañaron las instalaciones de la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Rawson, y varios edificios públicos.
Marcos Nápoli y Florencia Gómez, fiscales generales, acompañados por los investigadores Juan Carlos Nuñez, Mario Nahuelcheo además de otros integrantes de las áreas de investigaciones y periciales de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios, conforman el equipo de trabajo.
En este sentido, el Dr. Emilio Porras Hernández dialogó con Luján de 10 por GEN Radio Rada Tilly sobre cómo está avanzando la investigación: «Se constituyó una comisión para poder recolectar la evidencia teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos y la pluralidad de intervinientes. Además hay que tener en cuenta que la sede del Ministerio Público Fiscal de Rawson y la Procuración General fueron objeto de los atentados y se perdió mucha información».
«Nos enfocamos en dos puntos. Uno de ellos fue la conducta de los particulares que se oponían a la ley que había sancionado la Legislatura. Algunas de estas personas se apartan de la manifestación legítima y llevan a cabo delitos comunes. Logramos identificar alrededor de 23 involucrados y pudimos desinstalar la idea de que había sido algo organizado ya que por la evidencia, quedó claro que fueron pequeños grupos que se desprendieron de un cúmulo de gente y ante la falta de control, comienzan con los actos delictivos y en la medida que no encuentran resistencia avanzan con hechos más graves», explicó el Dr. Porras Hernández.
«Y el otro punto en que nos enfocamos fue la conducta de las autoridades puesto que llama la atención que teniendo al posibilidad de prever, no se vio una presencia o una planificación por parte de las autoridades para contener la magnitud de los daños», señaló.
Y agregó que los pedidos de informe los hicieron pero no recibieron respuesta: «Es un pedido de informe a partir de unas declaraciones que hizo el gobernador y tenemos que manejarnos en ese contexto».
Por último, indicó que la investigación duró cerca de 6 meses y que la información se entregaría a la Fiscalía de Rawson y a partir de allí, el Fiscal para presentaría esto en una audiencia para ver si se llega a un juicio y determinar responsabilidades.
