La salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge dejó dos acuerdos muy distintos. Mientras Santa Cruz anunció una compensación económica significativamente mayor, un esquema específico de remediación ambiental y la continuidad de la explotación de las áreas mediante nuevas licitaciones, Chubut acordó una compensación económica menor junto con la transferencia de inmuebles, vehículos y otros activos.
La comparación abrió un fuerte debate político y económico sobre si la provincia obtuvo las mejores condiciones posibles para defender los intereses de los chubutenses.
Dos negociaciones, dos resultados
Santa Cruz informó una compensación de 335 millones de dólares, además de un plan de remediación ambiental, la continuidad laboral y la recuperación de las áreas para ser nuevamente licitadas.
En Chubut, el Gobierno destacó un paquete valuado en más de 85 millones de dólares, integrado por 25 millones de dólares en efectivo y la cesión de inmuebles, vehículos y otros bienes.
¿Alcanza con recuperar bienes?
El Ejecutivo provincial sostiene que la recuperación del patrimonio evitará que esos activos pasen a manos privadas y permitirá destinarlos a instituciones y proyectos comunitarios.
Sin embargo, distintos sectores sostienen que la discusión de fondo debería centrarse en la compensación económica obtenida, las obligaciones ambientales y el futuro de una cuenca que durante décadas fue una de las principales generadoras de riqueza del país.
El interrogante ambiental
Mientras Santa Cruz incorporó un mecanismo específico para auditar y remediar los pasivos ambientales durante un plazo determinado, en Chubut surgieron cuestionamientos respecto del alcance de las obligaciones asumidas por YPF y las limitaciones que podría implicar el convenio para futuros reclamos.
¿Se negoció con la misma firmeza?
La diferencia entre ambos acuerdos plantea un interrogante inevitable: ¿podría Chubut haber conseguido mejores condiciones?
La respuesta quedará en manos del debate legislativo y del análisis público del convenio, que deberá evaluar si el acuerdo protege adecuadamente el patrimonio provincial, el ambiente, el empleo y el futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge.
