Las investigaciones determinarán si el imputado Claudio Barrelier es responsable de la desaparición de Agostina Vega. Sin embargo, detrás aparece la vieja y persistente relación entre la política (o el poder) y en mundo del hampa.
El caso expone de manera cruel cómo personajes con antecedes de distinta gravedad, no sólo son utilizados como fuerza de choque en actos públicos o asambleas gremiales, sino que aparecen ocupando oficinas públicas, con sueldos que surgen de los bolsillos de quienes tributamos cada mes por impuestos y servicios.
Para un vecino común es muy complicado acceder a un trabajo en la Municipalidad de Córdoba o en el Estado provincial. Ello no ocurre con quienes llegan de la mano de punteros o dirigentes, que facilitan ingresos, cargos y, por supuesto, que no se tomen en cuenta antecedentes de ninguna índole.
Los concursos, el certificado de buena conducta y la idoneidad para un determinado cargo público hace rato que no cuentan para los “apadrinados políticos”. Los funcionarios los reciben, los gremios (en este caso el Suoem) los cubren y los vecinos, los sufren.
En una reacción que se percibe como una autocondena, la Municipalidad decidió en las últimas horas prescindir del sospechado. El despegue asoma tardío.
Se trata de un burdo manotazo de ahogado para sacarse otro problema de encima, ya que la gestión de Daniel Passerini viene muy cascoteada por haber subido a los “naranjitas” (muchos de ellos también con antecedentes) al escalón previo a ser incorporados a planta.
La decisión tomada con Barrelier es torpe y no explica porque en 2021, durante la intendencia de Martín Llaryora, ingresó al municipio, donde permaneció hasta ahora. Varias fotografías lo muestran en abrazos con el intendente Daniel Passerini y junto al abogado Ricardo Moreno, quien lo apuntaló desde las “62 organizaciones peronistas”.
El sujeto, quien también intentó impulsar el gremio de “mensajería”, ya poseía antecedentes por robo y tiene abierta una causa por violencia y secuestro de otra mujer. Esa aparente carga no fue impedimento para recibir todos los meses un ingreso desde el Palacio 6 de Julio, desde donde fue eyectado.
Esa relación entre el sujeto y la alta política llevó a algunos sectores de la sociedad, tal vez de manera apresurada, a pensar si la demora en recibir la denuncia y en impulsar el Alerta Sofía no estuvo vinculada a cuestiones que exceden la burocracia.
