Luis López, padre del menor, y su pareja Lorena Andrade, fueron detenidos luego de realizar una serie de pintadas y escraches en la fachada del Servicio de Protección de Derechos, ubicado sobre la calle Dorrego. Andrade señaló la labor de Leiva, Bellido, Roldán y el juez Pérez, asegurando que mientras la familia es perseguida estos responsables «deberían estar presos».
El incidente se produjo en un clima de extrema sensibilidad, luego de que trascendieran versiones que vinculan el fallecimiento del pequeño con una supuesta enfermedad respiratoria. Para la familia, esta información es un intento deliberado de desviar la atención y encubrir a los principales sospechosos: la madre biológica, de apellido Altamirano, y su pareja, González.
Tras la intervención policial y la posterior imputación por los daños en el edificio público, Lorena Andrade realizó un descargo cargado de dolor e impotencia. En sus palabras, la acción sobre las paredes del organismo no fue un acto de vandalismo aleatorio, sino un grito ante lo que consideran una «sentencia de muerte» firmada por la desidia administrativa.
»A nosotros nos asesinaron a nuestro hijo de 4 años. No podemos abrir su cajón y que salga caminando; nos mataron en vida», expresó Andrade.
La mujer cuestionó con dureza las prioridades de la Justicia y el poder político local, señalando que el sistema se moviliza con mayor rapidez para proteger un inmueble que para esclarecer el crimen de un menor. «¿Desde cuándo en esta ciudad vale más una pared pintada que la vida de un niño?», increpó en su comunicado.
Acusaciones de encubrimiento y privilegios
El malestar de los allegados de Ángel apunta directamente a funcionarios judiciales y del Servicio de Protección. En su descargo, Andrade mencionó nombres propios como Leiva, Bellido, Roldán y el Juez Pérez, asegurando que mientras la familia es perseguida e imputada por protestar, los responsables directos y aquellos que omitieron sus deberes de protección gozan de impunidad.
La familia sostiene que la teoría de la afección respiratoria es una estrategia para evitar la cadena perpetua para Altamirano y González. Según denuncian, existe una red de protección hacia quienes «entregaron» al niño al entorno donde finalmente perdió la vida.
Un pedido que no cesa
A pesar de la detención y la presión judicial, el círculo íntimo de Luis López aseguró que no abandonarán las calles. El objetivo sigue siendo el mismo: esperar el juicio y ver una condena ejemplar que les permita, al menos, comenzar el duelo.
»Todos los días saldremos a la calle, así seamos nosotros dos con familiares», sentenció Andrade, reafirmando que la confianza en la Justicia local solo se recuperará el día que los responsables de la muerte de Ángel estén tras las rejas. Por el momento, la tensión en Comodoro Rivadavia continúa en ascenso, con una sociedad que observa de cerca el accionar de un sistema de protección duramente cuestionado.
