Así lo informaron mediante un comunicado, explicando el repudio ante:
“El congelamiento de salarios ya congelados en diciembre 2019, además porque adeudan dos masas salariales y previsionales y el SAC junio.
Todo esto en contexto de pandemia e inflación con consecuente depreciación salarial durante el corriente año de un 30%. Aproximadamente”.
Además, “repudiamos porque este congelamiento perjudica directamente a los jubilados en razón del principio de movilidad de los haberes previsionales vulnerando derechos constitucionales. Lo que significa un ataque más a los derechos por los que estamos bregando los jubilados, toda vez que esto se agrega al avasallamiento que el PE hace a la autarquía del ISSyS, al apropiarse de los fondos previsionales, con complicidad del Directorio de turno del mismo Instituto, y al no reconocer ni pagar la deuda histórica que el PE tiene con el ISSyS, que ronda los $66.000 millones de pesos; al vaciamiento y desfinanciación de nuestra Caja y Obra Social (SEROS)”.
En este mismo marco, indicaron que “repudiamos porque el congelamiento va hasta junio del 2021, y la inflación anual proyectada rondaría entre el 29% (oficial nacional) y el 50%, lo que significaría una nueva detracción salarial que rondaría el 14,5% aproximadamente”.
“Repudiamos, porque este incremento de los salarios del Poder Judicial representa una compensación salarial única desde 2019 y la mínima que se puede exigir en las actuales circunstancias, y que su no concreción, como ya dijimos, perjudica directamente a los jubilados en razón del principio de movilidad de los haberes previsionales”.
También, “repudiamos, asimismo, porque el hecho que otro poder avasalle la facultad constitucional del Poder Judicial de fijarse sus propias remuneraciones, no solo es inconstitucional sino que también quiebra el equilibrio de poderes que un régimen democrático debe garantizar”.
“Repudiamos porque el fundamento último del sistema salarial del Poder Judicial (porcentualidad) se encuentra sustentado en el principio de “a igual trabajo igual remuneración” es ello lo que justifica el enganche nacional avalado por legislación vigente, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso nacional)”, concluyeron.
