Discusión clave en el Senado por las escuchas y privacidad de los ciudadanos

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Radio Gen

Esta semana en el Senado se discutirá -y muy probablemente se aprobará- un proyecto de ley diseñado para reformar el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), aún pendiente de implementación.

Este paquete de reformas busca establecer mayores controles sobre la interceptación de comunicaciones, que demostraron ser muy pobres a la luz del reciente escándalo de las escuchas ilegales.

Expertos en derechos humanos y vigilancia, seguridad informática, gobernanza, entre otros, alertan, el proyecto lejos de resolver los problemas existentes en muchos casos los agrava.

Uno de los puntos más conflictivos que el proyecto de reforma contempla, es la intervención de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares o computadoras, que dan acceso a información que la interceptación de una llamada telefónica no permite.

El proyecto explicita prácticas vigentes del Poder Judicial que, bien utilizadas, pueden ayudar en las investigaciones. Bajo los criterios judiciales en uso, cuando aparecen nuevos medios de prueba se otorga libertad probatoria. Esto es lo que permite que desde la Justicia puedan intervenirse dispositivos electrónicos, más allá de si están estipulados explícitamente en el código.

Si bien no lo sabemos con certeza, es muy probable que la Justicia ya haya realizado este tipo de accesos a dispositivos. Pero del mismo modo en que cuando se interceptan llamadas no toda comunicación pasa a formar parte del expediente, la selectividad aplicada a la intervención de dispositivos electrónicos debería ser aún más estricta.

El proyecto menciona la necesidad, la proporcionalidad, o la exigencia de una orden judicial pero faltan garantías más específicas y controles más estrictos.

Estas preocupaciones son las que en gran medida motiva la denuncia de organizaciones  como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal (APP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras.

Fuente: La Nación

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